El uso legítimo de la fuerza en el México actual
La fuerza pública es el instrumento de gobierno que protege a la ciudadanía, garantiza derechos humanos y mantiene la gobernanza democrática. Su aplicación enfrenta dos escenarios distintos pero complementarios: el combate al crimen organizado y la restauración del orden público. En ambos casos, esta fuerza debe ejercerse bajo protocolos claros de legalidad, proporcionalidad y transparencia, acompañada siempre de inteligencia operativa que permita anticipar riesgos y evitar abusos. "Sustentando sólidamente -la necesidad de usar racionalmente- el monopolio de la fuerza".
México se encuentra entre los países más afectados por el crimen organizado a nivel global. Los cárteles han expandido sus operaciones más allá de las fronteras nacionales, consolidando redes de tráfico de drogas, armas y trata de personas. En este contexto, -el 'uso necesario' de la fuerza legítima requiere la participación de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y policías especializadas con protocolos claros que regulen la fuerza letal-. La inteligencia juega un papel central: infiltración, análisis financiero, intercepción de comunicaciones y mapeo territorial son herramientas indispensables para desarticular estructuras criminales y neutralizar amenazas armadas.
"Sin embargo, la fuerza letal solo se justifica acompañada siempre de supervisión judicial y respeto irrestricto a los derechos humanos".
El segundo escenario es distinto. "La protesta social refleja la inconformidad ciudadana frente a la violencia, corrupción y falta de confianza en las instituciones". La gestión de estas movilizaciones exige un enfoque distinto al del crimen organizado. Aquí, las policías municipales y estatales son las primeras respondientes, apoyadas por la GN en casos críticos.
El uso de la fuerza debe ser gradual, diferenciado, y no letal; privilegiando la persuasión, negociación y técnicas de contención. "La inteligencia social y cibernética permite identificar riesgos, detectar infiltraciones de grupos radicales y contrarrestar campañas de desinformación".
La transparencia mediante videograbaciones, georreferenciación y reportes digitales legaliza la actuación policial, mientras que la supervisión civil y técnica asegura que las decisiones tácticas no estén subordinadas a intereses políticos.
En el combate al crimen organizado, la fuerza legítima debe neutralizar amenazas armadas, requiriendo superar desafíos como el riesgo de violaciones a derechos humanos, percepción de militarización y la necesidad de cooperación internacional.
En la restauración del orden público, "los criterios que deben centrarse en la contención pacífica y la protección de civiles" están limitados por estructuras con mandos y elementos sin capacitación, equipamiento no letal y la injerencia política en decisiones operativas.
En ambos casos, la Inteligencia es indispensable para anticipar riesgos, reducir abusos, evitar sesgos y fortalecer la legitimidad del Gobierno.
"La situación que vivimos en México en el uso de la fuerza contra la delincuencia organizada y en la atención de la demanda masiva de la ciudadanía implica una tarea ardua, valiente y honesta de gobierno".
Recuperar legitimidad, eficacia y control en el uso de la fuerza requiere protocolos actualizados y homologados conforme a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza; su aplicación diferenciada según crimen organizado, alteraciones del orden público y protesta social; una estructura operativa que considere las fases de preparación, intervención, supervisión y evaluación. Crear células de inteligencia social, cibernética y territorial; detectar riesgos, infiltraciones, financiamiento ilícito, rutas y posibles escaladas.
Capacitación en el control de multitudes en contención, persuasión, negociación y en técnicas no letales. El uso obligatorio de videograbación, reportes digitales, georreferenciación, registros del empleo de fuerza, transparencia en tiempo real, supervisión interna y difusión pública sustentada.
"Acompañarse siempre de equipos mixtos de seguridad, derechos humanos, notarios y ministerios públicos, -como se hacía en el pasado-; para anticipar tensiones, establecer interlocutores y reducir 'la necesidad del uso de la fuerza'; aplicando protocolos -que limiten la intervención política partidista- en decisiones tácticas"
Responsabilizar las Cadenas de Mando policiales de la conducción y supervisión en todos sus niveles del cumplimiento de la ley sin excesos ni daños, supervisados siempre por la estructura del Tomador de la Decisión Política, apoyado por especialistas civiles, militares, técnicos y no partidistas.
El uso legítimo de la fuerza en México debe ser entendido como un instrumento de protección ciudadana y fortalecimiento institucional, nunca como un mecanismo de represión. La clave está en diferenciar claramente entre el combate al crimen organizado y la restauración del orden público. Cada escenario exige protocolos específicos, inteligencia avanzada y supervisión independiente. Solo así podremos garantizar la legitimidad interna, blindar al gobierno de señalamientos internacionales y consolidar la confianza de una ciudadanía unida.
"En definitiva, el uso de la fuerza legítima acompañada de inteligencia y transparencia es el camino para enfrentar las amenazas actuales y construir un México más seguro, más justo y más estable".
* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.