Empresarios denuncian extorsión de funcionarios del nuevo PJF; dos involucrados son duranguenses

Un grupo de empresarios de distintos sectores denunció presuntos actos de extorsión y corrupción por parte de altos y medios funcionarios del Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF), organismo que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura Federal tras la reforma judicial. 

De acuerdo con un comunicado difundido entre proveedores, los servidores públicos señalados habrían exigido hasta el 20% del monto de los contratos que obtienen legalmente en licitaciones públicas, bajo la amenaza de cancelarles los convenios si se niegan a “cooperar”.

Los denunciantes aseguraron que esta práctica ha generado un ambiente de miedo e incertidumbre, por lo que varios consorcios han evitado interponer denuncias formales ante las autoridades por temor a perder sus contratos ya adjudicados. 

Señalan a cinco funcionarios; dos son de Durango

Entre los acusados figuran cinco servidores públicos adscritos al OAJ, entre ellos dos duranguenses:

• Juan Carlos Zamora García (46 años), Secretario Ejecutivo de Administración.

• Jorge Giovanni Guerrero Durán (43 años), Director General de Servicios Generales. 

Ambos, junto con Rogelio Ruiz Rasgado, Raúl Antonio Peniche Canto y Jorge Arturo Martínez Lembrino, fueron señalados por favorecer adjudicaciones irregulares y por presunta participación en redes internas que condicionan la asignación de contratos a entregas de dinero, favores o relaciones con ciertos proveedores. 

Según los empresarios, muchos de los procedimientos de contratación favorecieron a empresas con infraestructura insuficiente o sin cumplimiento de requisitos mínimos, especialmente en rubros como seguridad privada y limpieza de inmuebles, lo que habría provocado incluso cierres temporales de instalaciones por falta de servicios adecuados.

Llaman a destitución y reiniciar procedimientos

Ante estas denuncias, los afectados solicitaron la destitución inmediata de los cinco funcionarios señalados para evitar que puedan entorpecer las investigaciones internas en su contra, así como que se anulen y reinicien desde cero los procesos de adjudicación en los que presuntamente incurrieron irregularidades, especialmente en áreas de limpieza, seguridad, comedores, fumigación y tecnología. 

Empresarios agrupados sostienen que la presencia continua de estos servidores públicos puede influir en la modificación o eliminación de documentación clave en las indagatorias en curso. 

OAJ ordena investigación; se publicaron medidas de transparencia

Tras las publicaciones y denuncias, el Órgano de Administración Judicial informó que su presidente, Néstor Vargas Solano, ordenó la apertura de una investigación interna sobre los hechos denunciados, identificada bajo la carpeta CAJ/DGI/INV/270/2025, tras la recepción de una queja anónima enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El OAJ también recordó que, el 4 de diciembre de 2025, publicó un Acuerdo General en materia de adquisiciones, que obliga a la Suprema Corte, al Tribunal Electoral del Poder Judicial y al Tribunal de Disciplina a sujetarse a procedimientos que permiten la participación de observadores ciudadanos en los procesos de contratación, con el objetivo de garantizar transparencia y evitar prácticas indebidas. 

Empresarios piden garantías para denunciar

Las organizaciones empresariales que han alzado la voz señalaron que muchos proveedores no han presentado denuncias formales ante tribunales o ante la propia Contraloría, por miedo a represalias o a perder contratos legales que ya habían obtenido, lo que evidencia una falta de confianza en los mecanismos internos de denuncia disponibles. 

Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni sanciones administrativas relacionadas con estas acusaciones, pero diversos grupos de proveedores han adelantado que continuarán insistiendo en mecanismos legales para esclarecer los hechos y proteger sus derechos contractuales.