Empresas de EU que vendieron armas al narco en México son ‘víctimas’, dice el Departamento del Tesoro
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el que describe como ‘víctimas’ a empresas estadounidenses que han sido señaladas por la venta de armas a grupos criminales en México, generando polémica en el proceso, pues plantea un enfoque que exime de responsabilidad a los fabricantes y distribuidores de armamento.
Según el informe, las compañías sufrieron presiones externas que facilitaron la llegada de armamento a elementos del narcotráfico en México; diversos funcionarios del gobierno estadounidense argumentaron que los carteles emplearon estrategias de manipulación y falsificación para obtener las armas, sin que las empresas tuvieran control directo sobre la comercialización final o sobre su posible uso ilícito.
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¿México ha emitido alguna respuesta contra esta declaración?
Sin embargo, en México persiste la preocupación por el papel de estas compañías en la violencia que afecta al país, ya que autoridades y expertos han señalado que la laxitud en la regulación estadounidense ha permitido que armas de alto poder lleguen a grupos delictivos con facilidad, argumentando que la postura del Departamento del Tesoro minimiza el impacto de la industria armamentista.
Esto no es noticia nueva, pues incluso en el pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha criticado duramente el poco control que el ejército del país vecino ha ejercido con respecto a la distribución armamentística, acotando que suele ser más común el poco control en aduanas con respecto a las revisiones de prevención en el lado del país anglosajón.
Argumentan que gobierno de EUA ha sido parte del problema
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la narrativa oficial, argumentando que la responsabilidad no debe recaer únicamente en los grupos criminales y destaca que abogados que han trabajado en demandas contra fabricantes de armas afirman que las empresas han lucrado con la venta de armamento sin tomar medidas suficientes para prevenir su desvío.
Las implicaciones de esta postura aún están por definirse, pero la controversia resalta las diferencias en la percepción del problema en ambos países, pues mientras Washington insiste en que las empresas fueron víctimas de circunstancias fuera de su control, en México se cuestiona si estas compañías deberían asumir una mayor responsabilidad en la crisis de violencia que afecta al país.
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