Exclusión digital como censura
En 2023, un hecho inédito marcó precedente en la defensa del derecho de acceso a la información en México, cuando un juez federal otorgó un amparo a ciudadanos que fueron expulsados de un grupo de WhatsApp, administrado por servidores públicos de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. La resolución fue contundente, pues la exclusión arbitraria de los participantes vulneró además su libertad de expresión, ambos derechos consagrados en los artículos 6º y 7 º de la Constitución.
No hablamos aquí de un simple asunto de etiquetas en el ciberespacio o de tecnicismos legales sobre redes sociales, sino de una advertencia clara de que los derechos humanos también se ejercen y se protegen en el entorno digital. Si los gobiernos utilizan vías como WhatsApp para comunicarse institucionalmente, no pueden excluir a las voces incómodas sin incurrir en una violación de garantías fundamentales.
El antecedente viene a colación y cobra mayor relevancia cuando se compara con un caso ocurrido recientemente en Durango, donde la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, eliminó del grupo oficial de difusión en este mismo mensajero digital a tres periodistas de esta casa editorial.
Si en la Ciudad de México hace dos años bastó la expulsión de un ciudadano para que el Poder Judicial considerara el acto como una forma de censura, en Durango la gravedad se multiplica. Y es que no se trata en el caso de ciudadanos comunes, sino de periodistas que ejercen su derecho a informar, pieza esencial para cualquier democracia.
Lo preocupante no es la eliminación como tal, sino la falta de clarividencia institucional sobre lo que representa el derecho a la información en el contexto digital. Parece que en la referida dirección, dependiente de la oficina del Ejecutivo, no se ha entendido que las cuentas en redes sociales y los grupos de difusión oficial no son propiedad privada, sino una extensión funcional del derecho de acceso a la información pública.
Vale la pena enfatizar que no importa si hay o no convenios publicitarios vigentes entre el gobierno y un medio de comunicación, o si las relaciones institucionales entre ambas partes están rotas. Eso, es un tema administrativo y comercial; empero, la libertad de expresión y el acceso a la información no se pueden condicionar a contratos ni simpatías.
Los periodistas tienen el derecho -y el deber- de acceder a la información pública de primera mano, incluso cuando resultan ser incómodos al poder. Es precisamente, cuando el periodismo incomoda, cuando cumple con su función más vital: la de ser contrapeso, cuestionar, revelar, exigir transparencia y rendición de cuentas.
El caso en la Ciudad de México debería ser un llamado de atención para el Gobierno de Durango. No solo por la posibilidad de que los periodistas también puedan ampararse, como sería justo y al final su decisión muy personal. Lo cierto es que vemos con claridad que la censura ya no se esconde solo en boicots, sino en decisiones tan simples como reservarse el derecho de admisión en un canal de comunicación institucional.
EN LA BALANZA.- Insistir en la Ley Seca durante las elecciones es sostener una medida que ha perdido sentido. El señalamiento del sector restaurantero de Durango es razonable, porque lejos de inhibir el consumo de alcohol, solo se fomenta la informalidad, genera compras de pánico y afecta directamente a los negocios que operan bajo la legalidad. Pretender que el voto se protege cerrando bares y restringiendo bebidas es castigar innecesariamente a una industria que, además de generar empleo, promueve el consumo responsable.
CERROS SECOS Y PELONES... La salud mental no puede seguir siendo una promesa ni un tema postergado. En La Laguna de Durango, el llamado de la Mesa de Seguridad evidencia de nueva cuenta el abandono institucional. Es inaceptable que en pleno 2025 aún falten psiquiatras, medicamentos y espacios accesibles para atender una problemática que crece en silencio en la región. Las y los candidatos que firmaron compromisos deben entender que la salud mental es tan prioritaria como cualquier otra área de atención médica. Convertir esas promesas en políticas reales y sostenibles no es solo una obligación política, sino una deuda social que urge saldar.
X: @Vic_Montenegr