Exigen a la SCJN eliminar la prisión preventiva; califican como injustificable su permanencia
Organizaciones civiles como México Evalúa y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho han demandado con urgencia a las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinen de manera pronta la eliminación de la prisión preventiva oficiosa del marco jurídico y constitucional mexicano.
Explicaron que, a diferencia de la prisión preventiva justificada, en la que se valoran los peligros procesales y la pertinencia de aplicar medidas cautelares distintas, la prisión preventiva oficiosa implica el encarcelamiento automático de individuos. Este esquema, subrayaron, deriva en reiteradas transgresiones al Derecho Internacional en el ámbito de los Derechos Humanos.
“Datos sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa basada en fuentes públicas y solicitudes de información, demuestran que al menos en 12 entidades federativas (Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán) utilizan más la prisión preventiva justificada, que la oficiosa”, señalaron.
El colectivo #LaJusticiaQueQueremos afirmó que en las entidades donde se ha eliminado la prisión preventiva oficiosa no se han registrado impactos negativos. Al contrario, señalaron que esta medida genera incentivos “perversos” que transforman la etapa inicial del proceso penal en juicios exprés y alargan innecesariamente las primeras audiencias, vulnerando derechos procesales.
Consideraron infundado el argumento del Gobierno de que su eliminación pone en riesgo la seguridad nacional, y criticaron el llamado del Poder Ejecutivo a la SCJN para no resolver el tema. Señalaron que la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, actúa como una pena anticipada, incompatible con un sistema democrático.
Por ello, pidieron al Gobierno Federal y a las fiscalías priorizar la prisión preventiva justificada, en congruencia con los Derechos Humanos. Recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que esta figura vulnera la libertad personal, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, y citaron también las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, que ha pedido eliminar esta práctica por ser contraria al derecho internacional.