Ficción electoral del Poder Judicial en Durango
El próximo 1 de junio, los ciudadanos de Durango además de votar en la renovación de las 39 presidencias municipales acudirán a las urnas para elegir a jueces y magistrados. Sin embargo, lo que debería ser una jornada histórica para la democracia estatal, se ha convertido en una simulación que pone en entredicho la transparencia y la autonomía del Poder Judicial.
La razón es muy sencilla pero a su vez escandalosa, pues resulta que hay 49 aspirantes para 49 cargos. Así, tal cual, no habrá competencia al no haber opciones por las cuales votar. Los nombres en las boletas han sido previamente seleccionados por los comités evaluadores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dejando sin efecto la supuesta voluntad popular que este proceso pretendía garantizar.
Lo más lamentable es que el caso de Durango resulta ser único en todo el país. Y es que oprobiosamente nos colocan como ejemplo desafortunado por la manera ventajosa en que se torció la reforma Judicial, al no existir alternativas para que el ciudadano elija a sus juzgadores, pues los poderes ya lo hicieron dejando fuera a perfiles con mejor preparación.
Desde la reforma propuesta a nivel federal por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se argumentó que la elección de jueces por voto popular fortalecería la democracia y dotaría al Poder Judicial de mayor legitimidad. No obstante, en Durango se ha desvirtuado hasta convertirse en un mecanismo de falsedad donde los ciudadanos no eligen, sino que simplemente ratificarán una decisión tomada en las cúpulas del poder.
El doctor en derecho constitucional por la UNAM, Rubén Ernesto Mayoral Martell, lo ha calificado sin tapujos: "es un fraude, un engaño". Y tiene razón. La elección pierde toda legitimidad cuando no hay competencia verdadera; cuando las decisiones ya están tomadas de manera unilateral y cuando la voluntad ciudadana es simplemente un ornamento.
La exclusión de candidatos también deja muchas dudas. De los 1,500 aspirantes iniciales, sólo quedaron 49. Perfiles con experiencia y prestigio fueron relegados con argumentos cuestionables, mientras que entre los seleccionados figuran nombres vinculados a las élites judiciales y políticas. La sombra del nepotismo y el amiguismo cubre este proceso, que debería ser la piedra angular de un sistema judicial imparcial y autónomo.
Las impugnaciones al proceso no se han hecho esperar. Hasta el momento, ya se han presentado siete recursos legales que cuestionan la legalidad del procedimiento. Sin embargo, el Tribunal Electoral de Durango ha desechado varias de estas impugnaciones por considerarlas extemporáneas o improcedentes, lo que alimenta la percepción de que la maquinaria institucional está operando para blindar tal montaje de ficción.
Lo que está ocurriendo en Durango debe encender las alarmas a nivel nacional, porque si esta práctica se normaliza, corremos el riesgo de que las futuras elecciones judiciales en otros estados sigan el mismo camino: una farsa donde el ciudadano sólo cumple con una formalidad, pero sin poder incidir realmente en la selección de quienes impartirán justicia.
La democracia no es un mero acto protocolario. Es un ejercicio de decisión y participación real. Si en Durango se ha vulnerado este principio, es deber de la sociedad y los organismos de derechos humanos alzar la voz y exigir que este proceso sea revisado a fondo. De lo contrario, estaremos legitimando un fraude que atenta contra el corazón mismo del Estado de derecho.
EN LA BALANZA.- El despido injustificado de 70 médicos del sector salud en Durango expone una falta de respeto a los derechos laborales y pone en riesgo la atención médica. El argumento de "falta de presupuesto" carece de sustento legal y ético, sobre todo cuando el personal afectado ni siquiera ha sido notificado formalmente. Además, las denuncias previas sobre contratos forzosos dejan ver un manejo irregular de los recursos humanos. Es inaceptable que, en donde la salud debería ser prioridad, se vulneren los derechos de quienes la sostienen.
X: @Vic_Montenegro