Gobierno reactivo

Imagine usted, estimado lector, estimada lectora, ir por una de las carreteras del centro de México y de un momento a otro se encuentra con una fila interminable de autos, por lo que tiene que parar completamente.

En pocos minutos se entera que kilómetros más adelante hay organizaciones de campesinos bloqueando la carretera debido a que exigen un aumento del precio por cada tonelada de maíz que producen, una demanda que consideran justa debido a la situación en que se encuentra el campo mexicano.

Dejemos por ahora datos duros como que el precio del maíz en Estados Unidos es la mitad de lo que se paga en México, demos por sentado que se trata de una demanda justa de los agricultores dada la situación particular del campo mexicano.

Pasan las horas, usted sigue varado (a) en la carretera, al igual de miles de autos en carreteras de 11 estados del país, lo cuáles tienen entre sus ocupantes a niñas y niños que después de algunas horas comienzan a pedir agua y alimentos, además de personas enfermas, que en una situación como esta no tienen acceso a medicamentos o espacios adecuados para tratarse.

Así estuvieron miles de ciudadanos por más de 24 horas personas en muchas carreteras del país, bloqueadas por organizaciones de agricultores para exigir al gobierno federal la atención de sus demandas.

Claramente las organizaciones de agricultores tenían meses demandando una respuesta al Gobierno Federal respecto al incremento del precio de garantía que les ofrecen por su producto. Es claro también que no hubo respuesta y que los campesinos cerraron las carreteras como una forma de presión extrema para que los atendiera la Federación. ¿Por qué esperar a que suceda una movilización de este tipo para sentarse a negociar con las organizaciones de agricultores?

La otra lamentable situación que se llevó al límite fue la relación con el gobierno municipal de Uruapan, Michoacán. En diversas ocasiones el alcalde Carlos Manzo, que fue electo mediante un movimiento independiente, pidió ayuda a los gobiernos estatal y federal en el tema de seguridad. Incluso, pocos días antes de su asesinato denunció que 200 elementos de la Guardia Nacional se retiraron de su municipio.

Al no haber "voluntad política" para apoyar a un alcalde que consideraban incomodo, lo dejaron enfrentar a los criminales con sus medios, que, en el caso de un municipio, son mucho más limitados de lo que puede disponer el gobierno federal para esa zona del país.

En ese contexto se dio el asesinato del alcalde de Uruapan, que dio pie al lanzamiento de un plan por parte del gobierno federal -otro más- para pacificar Michoacán.

La presencia del crimen organizado en Michoacán, al igual que en otros estados del país, lleva décadas, lo que nos obliga a pensar que están plenamente identificadas las áreas de operación de cada facción criminal, así como sus líderes.

¿Por qué esperar a un suceso como este para implementar un plan integral que -otra vez- trate de brindar seguridad a los habitantes de ese estado? ¿No hubiera sido más fácil y menos costoso -políticamente hablando- para el régimen facilitar las condiciones de seguridad requeridas por el municipio y compartir recursos, por ejemplo, análisis de inteligencia hechos por instituciones del estado mexicano respecto de Uruapan, con el Presidente Municipal?

Dejar que crezca un problema para tratar de arreglarlo cuando ya está en una dimensión mucho más grande no habla bien del trabajo de planeación de un gobierno que se precia de tener más y mejores capacidades técnicas que el que le antecedió, al menos hablando de quienes lo encabezan.

X: @jesusmenav