Huachicoleo de agua: crimen sediento de impunidad en Durango
En Durango, la sequía no solo es un fenómeno climático, sino también una tragedia social alimentada por la negligencia, la omisión institucional y, ahora, por el delito. El reciente caso detectado en la colonia 20 de Noviembre, donde un punto clandestino robaba hasta 90 mil litros de agua diarios, no es un hecho aislado. Es apenas la punta del iceberg de una práctica tan cínica y destructiva como el 'huachicoleo' de agua.
En tiempos en que el acceso al vital líquido se vuelve cada vez más limitado -por pozos agotados, lluvias escasas y sistemas municipales rebasados-, surgen redes ilegales que lucran con lo que debería ser un derecho garantizado, tal como lo es el acceso al agua. La situación es grave.
Según datos de Aguas del Municipio de Durango (AMD), hasta el último trimestre de 2024, se habían detectado casi 20 tomas clandestinas, algunas operadas con maquinaria especializada, lo que despierta legítimas sospechas sobre la posible participación de personas con conocimientos técnicos o incluso vínculos con redes delincuenciales.
No estamos hablando solo de una conducta antisocial, sino de un crimen con consecuencias estructurales. Robar agua en una ciudad sedienta es condenar a barrios enteros a la escasez; es colapsar aún más la ya frágil infraestructura hidráulica, siendo además una traición a la noción misma de comunidad. Mientras una familia ahorra gota por gota, alguien más llena pipas para venderlas en el mercado negro.
Por lo anterior, resulta urgente y sumamente necesaria la propuesta que hizo la diputada Flora Leal para reformar el Código Penal del Estado, con el fin de establecer un capítulo específico para los delitos contra el servicio público de agua potable, porque la capital no es el único municipio donde esta delictiva práctica se lleva a cabo.
La iniciativa en mención contempla sanciones de hasta seis años de prisión y multas significativas para quienes extraigan o distribuyan agua sin autorización oficial. Esto, sin duda, puede ser un gran paso en la dirección correcta; sin embargo, la iniciativa sigue pendiente de su aprobación en el Congreso del Estado de Durango.
Si algo ha demostrado este último caso -y otros similares que no siempre salen a la luz- es que la ley, por sí sola, no frena el delito. La impunidad es el fertilizante de las tomas clandestinas. Se necesita de mucha voluntad política para investigar a fondo todos los casos en la entidad, caiga quien caiga.
No obstante, es apremiante también profesionalizar a las dependencias encargadas del monitoreo y la distribución del agua, dotarlas de tecnología, de personal capacitado y de mecanismos de transparencia. Se requiere también educación ciudadana, porque muchos de estos delitos comienzan con un "trato entre vecinos" que termina afectando a colonias enteras.
El agua no es una mercancía. Es un bien público, un recurso natural y un derecho humano. Robarla, manipularla o lucrar con ella en un contexto de crisis hídrica debería ser considerado un atentado contra el interés colectivo. Y no solo por lo que se sustrae, sino por el mensaje que se manda: que en Durango, aun en tiempos de emergencia, se puede robar lo esencial sin que haya consecuencias penales para los responsables.
EN LA BALANZA.- La compra de votos, aún disfrazada de "ayuda" o "apoyo económico", es una de las prácticas más arcaicas y ruines que pueden existir para una democracia. Lo que se ha denunciado en municipios como Santiago Papasquiaro, Canatlán y Nuevo Ideal -donde se ofrecen hasta mil pesos por una credencial de elector- no solo es un delito electoral, es inmoral. Pervertir el voto libre a cambio de dinero en efectivo es robarle a la ciudadanía su poder de decisión.
CERROS SECOS Y PELONES... La detención de periodistas en Lerdo por parte de la Policía Municipal, presuntamente por órdenes del presidente municipal Homero Martínez, es un grave atentado contra la libertad de expresión por donde se le quiera ver. Silenciar a la prensa y coartar sus actividades mediante el uso de la fuerza, solo revela un autoritarismo inaceptable y pone en riesgo los derechos fundamentales en plena democracia, más todavía en un contexto donde ya pesan denuncias de corrupción sobre el Alcalde.
X: @Vic_Montenegro