Justicia vulnerada: precio de una mala elección
A Menos de un mes de las elecciones del Poder Judicial programadas para el 1 de junio, varios candidatos a ocupar cargos como jueces y magistrados federales enfrentan severas acusaciones que van desde vínculos con el crimen organizado hasta condenas penales y laudos fraudulentos. La situación ha generado una oleada de impugnaciones por parte del Senado, la Cámara de Diputados y organizaciones civiles.
Uno de los casos más polémicos y recientes es el de Édgar Ubaldo Ruiz Castillo, vinculado a proceso por su presunta participación en un fraude laboral que generó un daño de casi 30 millones de pesos al ISSSTE. Ruiz Castillo firmó un laudo en 2018 que ordenó el pago indebido a 51 pensionados, incluyendo conceptos invalidados por la Suprema Corte. Pese al proceso penal en su contra, su nombre figura como candidato número 23 para una magistratura federal en el Circuito Judicial 8 en Coahuila.
En Durango, Leopoldo Javier Chávez Vargas, aspirante a juez federal en materia mixta, reconoció públicamente que cumplió una condena de casi seis años en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de metanfetamina. En un video difundido en redes sociales, Chávez admitió haber escondido un extintor con droga en un autobús, aunque afirmó desconocer su contenido.
A estos casos se suman al menos 20 aspirantes más con antecedentes cuestionables, entre ellos exdefensores de narcotraficantes y funcionarios señalados por liberar a criminales mediante amparos. El senador Gerardo Fernández Noroña confirmó que estos perfiles están siendo impugnados antes de la jornada electoral. "No hay razón para esperar a que se realicen las elecciones si ya se identificaron perfiles no idóneos", subrayó.
Además, organizaciones como Laboratorio Electoral, Defensores y Politiklab presentaron denuncias ante el INE contra 11 aspirantes judiciales, por presuntos nexos con el crimen organizado y la iglesia La Luz del Mundo. Alertaron que hay al menos otros 40 casos en revisión. "Nos pusimos a hacer el trabajo que los comités de evaluación no hicieron", señaló Arturo Espinosa Solís, director de Laboratorio Electoral.
La oposición ha calificado el proceso como un "camino hacia una narcoelección". Ricardo Anaya, coordinador parlamentario del PAN, acusó a Morena de provocar la crisis y ahora buscar corregirla a destiempo. "Estamos ante un absoluto ridículo, con riesgos gravísimos para la justicia en el país", afirmó. En tanto, el priista Rolando Zapata y la senadora emecista Amalia Medina coincidieron en que es urgente depurar las candidaturas antes de los comicios.
El Instituto Nacional Electoral mantiene el argumento de que no pueden retirarse candidaturas una vez impresas las boletas. No obstante, el Senado insiste en que, aunque los nombres aparezcan en las papeletas, pueden declararse no elegibles.
Finalmente, este proceso de elección del Poder Judicial dejó más dudas que certezas. Desde el inicio fue señalado por su opacidad y falta de legitimidad, lo que lo volvió vulnerable y permitió la infiltración de personajes con antecedentes cuestionables. Lo que prometía fortalecer la justicia terminó por debilitarla, y las advertencias de un posible fracaso hoy parecen haberse confirmado.
EN LA BALANZA.- La sequía en Colinas del Saltito no solo es de agua, sino de voluntad institucional. A más de dos meses de promesas incumplidas, los vecinos siguen esperando una solución real a las deficiencias en la red de distribución que Aguas del Municipio se comprometió a resolver en un mes. En lugar de respuestas, reciben apenas dos pipas con agua de pésima calidad y en cantidades insuficientes, obligándolos a acarrear líquido en barricas como si vivieran en una zona rural marginada. La ineficiencia técnica se agrava con la indiferencia de quienes dirigen AMD, una empresa pública que parece haber perdido la brújula de su función más básica: garantizar el acceso digno al agua.
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