La sombra de la violencia política de género en Mapimí
En el marco del Día Internacional de la Mujer en Durango, desde Mapimí se trata de disimular un caso delicado de violencia política de género. La decisión de Morena de modificar el criterio en la selección de la candidatura a la alcaldía de este municipio ha sido presentada como un proceso interno natural, sin embargo el trasfondo ha dejado mucho que desear.
El caso de Fernando Reverte Granados, alcalde morenista de Mapimí, se ha convertido en todo un ejemplo de los graves obstáculos que persisten en la búsqueda de justicia e igualdad de género, también dentro de la política. Y es que aun cuando pudo minarse su intención de reelegirse, el intento de Morena por todavía encubrirlo lo hace un mediano logro para las mujeres de aquella municipalidad comarcana.
La decisión del Tribunal Electoral del Estado de sancionarlo por violencia política en razón de género, inicialmente pareció un avance significativo en contra del arrebato machista; sin embargo, las recientes declaraciones de la dirigencia estatal de Morena dejan sabor a hiel en este aparente triunfo para muchas mujeres, las que han sido afectadas por este tipo de violencia y no han visto justicia.
Como se recordará, Reverte Granados fue encontrado responsable de violencia política de género contra la síndica municipal de Mapimí. Entre los agravios confirmados está la negativa de información y recursos, la omisión de convocarla a sesiones de Cabildo y hasta la disminución arbitraria de su salario. Como consecuencia, el edil fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género, lo que legalmente lo inhabilitaba para contender.
No obstante, el partido Morena optó por una salida política que, en lugar de respaldar con firmeza la resolución judicial, deja la impresión de que la sanción fue minimizada. Lourdes García Garay, presidenta estatal de Morena en Durango, afirmó incluso que Fernando Reverte Granados "no tenía ninguna culpa de lo que se le acusa" y que su retiro de la contienda fue una decisión propia. Bueno, hasta lo felicitó por ello.
La incongruencia de la dirigencia de Morena en este caso es preocupante, porque además, quien preside el Movimiento de Regeneración Nacional en la entidad es una mujer; peor aún, es quien anuncia esta controvertida maniobra provocando la sensación de que el cambio de género en la candidatura fue una estrategia política, más no un acto de justicia para la afectada.
Por donde se le quiera ver, Morena prefirió encubrir el escándalo con un discurso que desdibuja la gravedad de los hechos. Más preocupante aún es que el proceso judicial contra Reverte Granados se haya visto debilitado por una decisión de una instancia federal que ordenó reiniciar el procedimiento, lo que significa una nueva carga para la síndica y una muestra de la lentitud con la que opera la justicia en estos casos.
No deja de ser llamativo que, aunque el fallo del TEED lo inhabilitaba para buscar nuevamente el cargo, Morena haya decidido mover sus fichas argumentando un simple cambio de criterio. Este giro en la selección de candidaturas no pasó desapercibido en la dirigencia nacional de Morena, con Luisa María Alcalde Luján y Andrés Manuel López Beltrán al tanto, quienes identificaron perfectamente el rechazo generalizado hacia Fernando Reverte en la región.
El caso de Mapimí es un recordatorio de que, aunque las leyes y los mecanismos de protección a las mujeres han avanzado, la impunidad y los intereses políticos siguen pesando más que la justicia. El hecho de que un funcionario sancionado por violencia política de género haya sido respaldado por su partido y que, en lugar de reconocer los hechos, la dirigencia minimice la situación, habla del largo camino que queda por recorrer.
EN LA BALANZA.- Este año la licitación para la fabricación de uniformes escolares seguirá favoreciendo a empresas foráneas que imponen pagos irrisorios a los talleres de Durango que ayudan con la maquila. El 'malinchismo' del gobierno estatal asfixia a una industria local y poco a poco la lleva hacia el ocaso. Si antes participaban 156 talleres y ahora apenas 30, está claro que el recurso de este programa social no se maneja como debería. Han pasado 11 años y las condiciones de pago para quienes ayudan a fabricar los uniformes van de mal en peor.
X: @Vic_Montenegro