Lerdo: el poder en familia
El nepotismo en la política mexicana no es exclusivo de un solo partido ni de una sola entidad y/o municipio del país. Es una práctica tan enquistada y un vicio tan arraigado entre la clase que se ha convertido en un sello distintivo del propio sistema político; una estrategia que trasciende ideologías, colores y siglas partidistas para mal de la democracia.
Desde el Partido Revolucionario Institucional hasta Morena, pasando por los partidos Acción Nacional y el extinto de la Revolución Democrática, el acomodo de familiares en cargos de poder es una constante. El caso de Susy Torrecillas en Durango es solo una pieza más en el rompecabezas del clientelismo y el tráfico de influencias que define la vida pública en el país.
Coahuila ha sido un escenario paradigmático del nepotismo con los Moreira, donde Humberto y Rubén se sucedieron en la gubernatura, consolidando su control político y económico sobre el estado. En Guerrero, Félix Salgado Macedonio ha utilizado su influencia para imponer a su hija, Evelyn Salgado, como gobernadora, en una clara muestra de cómo el poder se hereda más que se gana democráticamente.
En Zacatecas, la familia Monreal ha tejido una red de influencia en todos los niveles del gobierno estatal, asegurando posiciones clave para distintos miembros del clan. Y en la cúpula del poder federal, el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado entrever su deseo de que su hijo, Andy López, continúe con su legado en 2030, evocando un preocupante paralelismo con dinastías políticas que han gobernado por generaciones.
En Durango, Susy Torrecillas es otro ejemplo de cómo el mérito y la capacidad quedan relegados cuando se trata de beneficiar a familiares y aliados. El caso es sintomático de un problema mayor: la perpetuación de los lazos en el poder y la utilización de cargos públicos como patrimonio familiar, como se pretende al hacerla candidata por el PRI a la presidencia municipal de Lerdo, de donde inclusive ni es oriunda.
Sin embargo, cuando el discurso de la Cuarta Transformación ha insistido en desterrar las prácticas del pasado, la realidad demuestra que el nepotismo sigue siendo una estrategia vigente. No importa la bandera partidista, la historia se repite: los apellidos pesan más que la trayectoria y el compromiso con la ciudadanía, evidenciando que la resistencia al cambio es natural en un sistema que ha sido diseñado para favorecer la herencia política.
El nepotismo no solo perpetúa la mediocridad en el servicio público, sino que también alimenta la desconfianza ciudadana y erosiona la democracia. La alternancia de partidos en el poder ha servido de poco cuando las mismas prácticas de antaño se replican con nuevos nombres. Y es que la falta de sanciones efectivas y de una cultura política basada en la rendición de cuentas ha permitido que estos casos se multipliquen sin consecuencias reales.
Si México aspira a una verdadera transformación política, es urgente romper con estos esquemas de privilegio y consolidar mecanismos de transparencia y participación ciudadana, que garanticen que el acceso a los cargos públicos se base en méritos, y no en lazos sanguíneos. La pregunta es si los ciudadanos seguirán tolerando esta herencia de poder o exigirán, de una vez por todas, un cambio real.
EN LA BALANZA.- El cobro por la expedición de títulos y grados académicos en Durango no solo es injustificado, sino que atenta contra el derecho a la educación y el acceso equitativo al mercado laboral. La Coparmex ha señalado con razón que este nuevo costo, que asciende a más de cuatro mil pesos, representa una doble tributación y un golpe al bolsillo de las familias. Sin embargo, la indiferencia de legisladores, líderes estudiantiles y colegios de profesionistas ante esta medida es aún más preocupante. Callar ante este tipo de injusticias es permitir que la educación se convierta en un privilegio en lugar de un derecho.
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