Ley antilavado podría afectar a las pequeñas y medianas empresas, alertan
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtió que modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, sin gradualidad ni incentivos, amenaza la operación de miles de negocios formales.
“Reconocemos la importancia de fortalecer el marco normativo en la prevención del lavado de dinero y coincidimos en la necesidad de asegurar la transparencia financiera conforme a estándares internacionales. No obstante, advertimos que la Minuta de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), recibida en Diputados y que se analizará en Comisiones, podría afectar la operación diaria de las empresas, especialmente de las MiPyMEs, que representan el 99% del entramado productivo nacional”, estableció el organismo a través de un comunicado.
Los miembros de este organismo plantearon que la inquietud se centra en la sobrerregulación que implica esta reforma, al ampliar significativamente las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables. “Estas modificaciones exigen a las empresas identificar y conocer a todos sus clientes mediante documentación oficial y, en el caso de personas morales, recabar información detallada sobre los beneficiarios”.
“Además, obliga a monitorear y avisar operaciones, lo que amplía el universo de transacciones sujetas a fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunado a ello, prevalece la restricción al efectivo, situación que no refleja la realidad del país, con relación a la falta de bancarización de muchos clientes”, se plasmó en el documento.
Asimismo, se menciona que el desarrollo o adquisición de sistemas capaces de identificar operaciones que no sean conforme al perfil transaccional y generar avisos en los formatos requeridos por la autoridad, necesita recursos que no están al alcance de todos.
Adicionalmente, las multas podrían alcanzar más de 7.3 millones de pesos, o incluso montos equivalentes al 100 por ciento de la operación. La eliminación del requisito de demostrar dolo en algunos casos abre la puerta a responsabilidades penales automáticas.
Por lo que se hizo énfasis en que, para que cualquier norma sea efectiva, requiere acompañamiento técnico, gradualidad y sensibilidad al entorno empresarial. “Muchas unidades económicas registradas como actividades vulnerables aún no cumplen totalmente con la LFPIORPI. La propuesta, lejos de mejorar el cumplimiento, podría fomentar la informalidad o provocar cierres de negocios”, se advirtió.