Los ecos del 92 y la nueva lucha migrante

Decía Mark Twain que "la historia no se repite, pero a menudo rima". Lo que ocurrió el pasado fin de semana en Los Ángeles, California, es una de esas dolorosas estrofas en la narrativa de la vida humana que nos recuerdan que el fuego de la indignación social nunca se apaga del todo; sólo espera el momento propicio para avivarse.

Los disturbios de 1992 marcaron una herida profunda en la memoria estadounidense. La absolución de cuatro policías blancos por la brutal golpiza contra Rodney King desató una ola de violencia inédita, resultando más de 60 muertos, miles de heridos y una ciudad convertida en zona de guerra. Aquel levantamiento fue el estallido de años de tensión racial, de injusticia acumulada, de comunidades cansadas de ser invisibles salvo cuando se les criminaliza.

Hoy, más de tres décadas después, Los Ángeles vuelve a ser escenario de confrontaciones. Esta vez, no por el racismo policial -aunque sigue latiendo en las estructuras del sistema-, sino por la aplicación feroz de las leyes migratorias estadounidenses. El despliegue de 4 mil 100 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines ordenado por el presidente Donald Trump -pese a la oposición de autoridades locales-, es un acto que remite peligrosamente a los días más oscuros del pasado.

Los manifestantes salieron a las calles para oponerse a las redadas que criminalizan la pobreza y la esperanza. Aunque las protestas han sido, en su mayoría, pacíficas, las imágenes de autos incendiados, el uso de proyectiles "menos letales" contra la población civil y el arresto de al menos 50 personas, evocan viejas heridas. Esta vez, ondea la bandera de México en medio del humo, el miedo y la indignación por un sistema migratorio que castiga sin distinción.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente, 42 mexicanos han sido detenidos, 35 de ellos durante las manifestaciones. Son 37 hombres y 5 mujeres que no solo enfrentan cargos por participar en las protestas, sino el fantasma de la deportación. Entre ellos podrían estar duranguenses, aunque oficialmente, como suele pasar, las cifras bailan y las declaraciones se contradicen.

Mientras el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, afirma que no hay registros oficiales de duranguenses detenidos y/o deportados, el Secretario General de Gobierno ya reconoce "entre cuatro y cinco casos" de originarios de este estado. Es probable que en los próximos días esa cifra crezca, y la negación inicial quede, como tantas veces, desmentida por los hechos.

Lo cierto es que Durango no es ajeno al drama migratorio. Cada año, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del gobierno mexicano, poco más de 3 mil duranguenses son repatriados desde Estados Unidos. Un promedio de 380 al mes. Hombres y mujeres que regresan no con sueños rotos, sino con la esperanza de reconstituirse en un país que todavía no les ofrece un verdadero futuro.

Finalmente, estos episodios nos recuerdan que la política migratoria no puede desligarse de la justicia social. Que quienes se manifiestan no son criminales, sino ciudadanos cansados de vivir con miedo. Y que, si como país no nos tomamos en serio la defensa de nuestros migrantes, seguiremos escribiendo -una y otra vez- el mismo verso amargo.

EN LA BALANZA.- La reciente declaración del gobernador Esteban Villegas, asegurando que en Durango "todas las personas desaparecidas han sido encontradas", no solo es falsa, sino profundamente insensible. En un estado donde familias siguen marchando con el rostro de sus seres queridos impreso en pancartas, esta afirmación no solo minimiza su dolor, sino que representa una grave irresponsabilidad política. Que la localización de Marco Adriel se utilice como cortina para maquillar una realidad cruda, solo evidencia el desconecte del gobierno con quienes siguen exigiendo justicia.

X: @Vic_Montenegro