México y las nuevas mordazas del poder
En México, la censura ha comenzado a vestirse de legalidad. Ya no se persigue al periodista con amenazas anónimas o ataques armados -aunque estos persisten-, sino con sentencias judiciales, fallos administrativos y sanciones que utilizan el discurso de los derechos como herramienta para anular libertades. Una estrategia peligrosa, solapada y perfectamente calculada para censurar, sin parecer que se censura.
Los casos recientes de Jesús Castañeda, en Guerrero; Héctor de Mauleón, en la Ciudad de México; Jorge Luis González Valdez, en Campeche; al igual que el caso de la ciudadana Karla Estrella, en Sonora, revelan una nueva modalidad de represión que distorsiona las líneas legales diseñadas para proteger a grupos vulnerables -como la violencia política de género-, hoy mal utilizadas como escudo para blindar a figuras del poder de toda crítica.
Estos casos no son accidentes aislados, sino parte de un patrón. Un uso tramposo del marco legal para construir una narrativa oficial donde la crítica se iguala a la violencia, la opinión se equipara con el odio, y el periodismo se criminaliza como si fuera una amenaza al orden institucional. Se está usando la ley como arma, no como garantía. El mensaje es claro. Y es que si te atreves a investigar, cuestionar o incomodar al gobierno, puedes ser tachado de violentador, inscrito en registros infames y obligado a ofrecer disculpas por ejercer tu derecho a opinar. El castigo es desproporcionado y pretende generar un efecto de intimidación que vaya más allá de la sanción: advertir a toda la sociedad que cuestionar al poder puede resultar caro.
No es la crítica la que debe ser regulada, sino el poder el que debe ser vigilado. No obstante, cuando ese poder utiliza las leyes para blindarse del escrutinio público, estamos frente a una regresión democrática inadmisible. Una paradoja perversa que, en vez de garantizar derechos, los suprime a garrote.
El Estado mexicano no puede actuar como juez y parte en su relación con el periodismo y la sociedad civil. La libre expresión no es un privilegio otorgado por el gobierno, sino un derecho consagrado en la Constitución y en tratados internacionales que México ha firmado. Ningún fallo puede estar por encima de ese principio fundamental.
Hoy, en México, el poder no resiste el disenso. Le incomoda, le irrita y, más peligroso aún, busca eliminarlo con ropajes de legitimidad jurídica. Es una nueva forma de censura, más difícil de combatir porque se esconde tras resoluciones de órganos administrativos, fallos judiciales y procedimientos institucionales que aparentan legalidad pero niegan justicia.
El periodismo no puede ser rehén del miedo, ni las leyes pueden convertirse en mordaza. La justicia no debe depender del estado de ánimo de quienes administran el poder en este país, en cada estado. Porque callar al periodismo es callar a la sociedad. Y cuando una sociedad se queda sin voz, no está en paz, sino en peligro.
EN LA BALANZA.- Finalmente y luego de dos meses, la Delegación de Bienestar en Durango fue liberada. Aun cuando la dependencia podrá ponerse al corriente con los beneficiarios de los programas sociales afectados, el hecho no representa una solución, sino un síntoma más de un conflicto institucional mal atendido. Y es que los manifestantes se retiraron por miedo a un desalojo violento, mas no por el resultado de un diálogo o resolución justa a sus demandas.
CERROS SECOS Y PELONES... El uso de vehículos todo terreno en un área natural protegida, como el Cañón de Fernández, allá en La Laguna de Durango, es un problema de nunca acabar. El paso indiscriminado de autos tipo razer no solo destruye hábitats delicados, sino que asesina impunemente a especies como las tortugas acuáticas que desovan en tierra. Sin leyes más estrictas, ni multas contundentes, jamás se podrá evitar que este santuario natural se convierta en un cementerio no solo de especies, sino de la conciencia ambiental misma.
X: @Vic_Montenegro