Movimiento Ciudadano, en la impunidad por violencia de género

El pasado 8 de marzo, miles de mujeres tomaron las calles de Durango y de todo el país con el mensaje claro de contener de una vez por todas la violencia de género. Sin embargo, entre las consignas destaca una de connotación política contra quienes la ejercen, pues muchos de ellos son o han sido en algún momento agresores, por lo que no pueden seguir ostentando cargos de poder.

No obstante y pese a la contundencia de las manifestaciones, hay algo que sigue sin cambiar en este país con todo y las alertas por violencia de género en algunos estados, -entre ellos el nuestro- porque, además de la dificultad para cumplir con las recomendaciones, el silencio en muchos casos sigue siendo cómplice entre las instituciones y la clase política.

En Durango, la exigencia de justicia para Cristhia Gallegos Luna, quien ha denunciado ser víctima de violencia a manos de su expareja, el diputado por Movimiento Ciudadano con licencia y quien hoy aspira a ser candidato a la alcaldía capitalina, Martín Vivanco Lira, ha pasado a convertirse en un símbolo de lucha para las mujeres violentadas en contra de sus agresores y la impunidad de la que gozan.

En contraparte y mientras los colectivos feministas, así como la misma la ciudadanía en general alzan la voz para impedir que personajes con antecedentes de violencia accedan a más poder, los partidos políticos siguen sin pronunciarse, sin tomar medidas y sin asumir la responsabilidad que les corresponde cuando dentro de sus filas se presentan casos de esta índole.

El caso de Vivanco Lira no es aislado. Es parte de un patrón preocupante en el que políticos acusados de agresiones, abusos y violencia política de género buscan cargos públicos sin que nada se los impida. Lo hemos visto en Durango, en Veracruz y en muchos otros estados del país. El problema no es solo la conducta violenta que ejercen, sino el respaldo institucional que reciben para seguir adelante con sus aspiraciones.

Sobre el emecista ya existían previamente señalamientos sobre su presunta conducta misógina. La exregidora, Paulina Monreal Castillo, renunció al partido en 2021 cuando Martín Vivanco llegó a MC y tuvo dificultades con él. Acusó tanto a la dirigencia nacional como a la estatal de hacer a un lado a las mujeres, alejándolas en la toma de decisiones y dejándolas fuera de espacios importantes en todos los órganos de dirección.

Tiempo después, cuando Monreal Castillo se unió al Partido Verde Ecologista de México, calificó como una protección del partido Movimiento Ciudadano la permanencia de Martín Vivanco como coordinador estatal en Durango, destacando además que el nombre del entonces dirigente apareció en un "tendedero" y fue su entonces pareja quien retiró la denuncia.

Lo cierto es que resulta alarmante la nula respuesta del partido naranja y algunas mujeres dentro del mismo, así como la de otras emecistas que ocupan cargos, algunas de ellas destacadas promotoras de los derechos humanos en general, pero también causa extrañeza la postura al respecto de figuras de otras fuerzas políticas en el estado. Hasta ahora, ni Movimiento Ciudadano ni el Congreso han emitido un posicionamiento claro sobre el tema.

Finalmente, el Instituto Nacional Electoral y el Senado de la República han sido llamados a actuar para evitar que individuos con antecedentes de violencia de género continúen en la política, especialmente en Durango y Veracruz donde habrá elecciones municipales este año. Sin embargo, la ausencia de mecanismos efectivos y la falta de voluntad para aplicarlos han permitido que muchos sigan moviéndose impunemente dentro del sistema.

EN LA BALANZA.- La posibilidad de que el atentado en el Congreso durante el 8M haya sido un montaje debe tomarse con seriedad y no quedar en meras especulaciones. Si bien las protestas feministas han sido históricamente criminalizadas, no puede descartarse la infiltración de grupos externos con la intención de deslegitimarlas. Es fundamental que se realice una investigación imparcial para esclarecer los hechos, pues si se trató de una provocación ajena al movimiento, sería un intento grave de manipulación política; empero, si se descubre que fueron mujeres parte de grupos feministas, igualmente se debe proceder conforme a derecho.

X: @Vic_Montenegro