No es censura, solo persecución
Una vez consumado el llamado "Plan C", con el que se dinamitó la independencia del Poder Judicial y se sustituirá por las y los jueces, magistrados y ministros del acordeón (porque, como se vio, no los eligió libremente el "pueblo", le fueron impuestos por estos documentos de "apoyo"). Con el que, además, desaparecieron los órganos autónomos, la 4T ahora está tentada a hacer callar voces críticas de periodistas y ciudadanos a sabiendas de que se han apoderado de las instancias encargadas de impartir justicia.
En Puebla, por ejemplo, el gobernador morenista, Alejandro Armenta, mandó al Congreso local una ley conocida como de "ciberasedio", la cual fue aprobada y que sanciona con hasta tres años de prisión y multas de hasta 39 mil pesos a quienes insulten, injurien o agravien reiteradamente a otra persona a través de redes sociales o cualquier espacio digital. El problema de este precepto es que su redacción ambigua puede ser utilizada arbitrariamente por las autoridades en perjuicio de medios de comunicación, periodistas o ciudadanos. Esta ley castigará hasta quienes publiquen memes en contra de algún funcionario.
Por otro lado, en Campeche, la gobernadora, también morenista, Layda Sansores, vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector de Tribuna, y a Isidro Yerbes, representante legal de Organización Editorial del Sureste, acusados de incitación al odio y calumnias en contra de la mandataria. Se les prohibió ejercer la carrera de periodismo (algo sin precedente en nuestro país y en cualquier otro país que se precie de ser democrático); se ordenó el cierre de la versión digital del diario Tribuna y se les impuso un pago de dos millones de pesos por daño moral, todo esto por hacer una crítica a la Gobernadora.
Así como el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció y obligó a un ciudadano a disculparse, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, resolvió que un posteó irónico del ama de casa y madre de tres hijos, Karla Estrella, "refuerza estereotipos de género que desacreditan a las mujeres en política" y que cometió violencia política de género. Por esta razón fue obligada a pagar una multa económica, ofrecer disculpas, asistir a curso de sensibilización, leer bibliografía especializada en la materia y permanecerá, durante 18 meses, en el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género. El comentario que generó todo esto fue el siguiente: "Así estaría el berrinche de @xxx para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas". Una exageración y una abierta censura.
Misma suerte corrió la comunicadora Laisha Wilkins por mofarse de una nota que habla de una candidata a ministra que durante la campaña se hizo llamar Dora "La transformadora", solo que en la nota se le llamó Dora "La censuradora".
En las mañaneras la presidenta Sheinbaum se desgañita insistiendo que en México priva la libertad de expresión. Pero en los hechos el oficialismo recurre a al uso de figuras jurídicas para judicializar la crítica con subterfugios normativos y tribunales a modo.
La desaparición de contrapesos al Poder Ejecutivo en México está promoviendo este tipo de conductas en las que el Estado, con sus recursos, castiga a la crítica. La libertad de expresión se ve amenazada por la amenaza de sancionar penal o administrativamente a las voces incómodas o contrarias a su pensamiento.
Es raro ver cómo la izquierda mexicana en el poder actúa como un ente censurador y represor, algo por lo que lucharon décadas atrás.