Infraestructura. Transitar de manera libre en silla de ruedas en las calles se dificulta por los obstáculos, falta de rampas o espacio.
Al menos en el municipio de Durango, desde hace años se ha solicitado a las autoridades que garanticen el derecho a la movilidad, sobre todo para las personas usuarias de silla de ruedas, ya que la falta de esta garantía les impide acceder a otros derechos como la educación o el empleo.
"Algunas personas en silla de ruedas terminan por rechazar fuentes de empleo, no porque no quieran trabajar o no acepten las ofertas, sino porque el sueldo que van a percibir se les va a ir en el tema del transporte", aseguró Óscar Zaldívar Escalante, presidente de la Unión Nacional de Ciegos y Débiles Visuales.
Por ello, señaló, siempre se pide a las autoridades que generen las condiciones necesarias para poder acceder al transporte y movilidad, ya que actualmente no se garantiza este derecho.
El principal medio de transporte para las personas con discapacidad motriz o usuarias de silla de ruedas suele ser privado, ya que deben desplazarse en vehículo propio o en taxi.
"Ellos y sus familias tienen que, forzosamente, tener un vehículo o gastar en taxis", expresó.
Explicó que la situación depende mucho del tipo de discapacidad y del acompañamiento. Por ejemplo, para las personas con debilidad visual sí existen algunas condiciones que les permiten acceder a un autobús, algo que resulta imposible para quienes dependen de una silla de ruedas.
A la sociedad en general, dijo, solo se le pide empatía, especialmente al momento de respetar los espacios destinados a personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Zaldívar Escalante reconoció que, en cuanto a tarifas preferenciales, no han tenido mayores problemas, pues han contado con la voluntad de las autoridades y los choferes del transporte público.
Respecto a las adecuaciones en la infraestructura urbana para permitir una circulación segura en silla de ruedas, indicó que el argumento constante de las autoridades es la falta de recursos económicos, lo cual consideró inválido, ya que, afirmó, es necesario avanzar en el cumplimiento de este derecho.