
Operativo en Vicefiscalía Laguna: Durango, bajo lupa de Palacio Nacional
El sitio militar a la Vicefiscalía en Lerdo no fue sólo un hecho inédito por su preponderancia operativa. En los hechos, fue un mensaje político y contundente difícil de maquillar con discursos de "coordinación" institucional, pues el gobierno federal está reafirmando su desconfianza en las corporaciones estatales y municipales de seguridad para ejecutar operaciones sensibles en Durango.
La sola imagen es concluyente: Ejército, Marina y Guardia Nacional irrumpiendo en una sede de justicia estatal, como si se tratara de un objetivo enemigo. Y es que el operativo, con drones sobrevolando el edificio, civiles retenidos, empleados sometidos y celulares bloqueados, reveló una logística de intervención quirúrgica que no admitía filtraciones de ningún tipo.
Desde el discurso oficial, el gobierno de Durango insiste en una narrativa de coordinación permanente con la Federación, en mesas de seguridad diarias, en un trabajo conjunto que -según se afirma- ha permitido contener la inseguridad y violencia. Sin embargo, los operativos están diciendo lo contrario.
La realidad es que, cuando se trata de acciones especiales como cateos de alto impacto, golpes a estructuras criminales o, peor aún, de investigar a las propias instituciones de seguridad, la Federación entra sola y a discreción de las instancias locales, como ocurrió en este reciente caso en Lerdo.
No obstante, este último no es un hecho aislado. Meses antes, en Gómez Palacio, fuerzas federales catearon las oficinas de la CATEM por las denuncias de extorsiones. Las puertas fueron derribadas, se aseguró documentación y la operación se ejecutó bajo un cerco estrictamente federal. Sin protagonismo visible de las corporaciones estatales.
En octubre pasado, en la capital del estado se aseguraron bodegas repletas de precursores químicos, costales de sustancias granulares y miles de litros de hidrocarburo. Un decomiso de dimensiones estratégicas para el crimen organizado. El propio Omar García Harfuch lo confirmó. Y de nuevo, el patrón se repitió: inteligencia, ejecución y resguardo federal.
Ese mismo mes, la detención de "Don José", presunto líder de una célula ligada a secuestros, volvió a evidenciar el esquema: semanas de vigilancia, cateos simultáneos, despliegues coordinados por Marina, Sedena y Guardia Nacional. El corazón de la operación volvió a estar en manos del gobierno federal.
El operativo en Lerdo es clave por una sola razón: ya no se trata solo de criminales externos, sino de presuntos delincuentes incrustados en las propias instituciones encargadas de investigar delitos. Es ahí donde la desconfianza se vuelve total. No hay aviso y no hay coordinación, mucho menos una cortesía institucional. Simplemente, control absoluto.
En términos políticos, el mensaje es para el gobernador Esteban Villegas y el resto de los mandatarios del país, pues la estrategia de seguridad encabezada por Omar García Harfuch no está diseñada para pedir permisos, sino para ejecutar resultados. Donde hay dudas, entran solos. Donde hay sospechas, se interviene a discreción. Donde no hay confianza, excluyen. Así de simple.
EN LA BALANZA.- Luego de que un hombre fuera declarado muerto en el Hospital General 450 para ser trasladado al Servicio Médico Forense y, que de "manera insólita", despertara momentos antes de que se le practicara la necropsia, deja al descubierto una cadena de fallas que no pueden pasarse por alto. Más allá del asombro, lo ocurrido exhibe una preocupante debilidad en los protocolos médicos y de verificación, donde el margen de error no debería existir, pues aquí no se juega con trámites, sino con vidas humanas. Este episodio exige algo más que referirse al caso como un "hecho insólito". Demanda deslindar responsabilidades y una revisión profunda para evitar que una negligencia similar termine, ahora sí, en una tragedia real.
X: @Vic_Montenegro