Orbán en México
Hace más de dos décadas, un hombre -Carlos Fernández Márquez- cayó de la Torre de oficinas de PEMEX. Profesionista, con una relación familiar de alrededor de 20 años, el caso sacudió a muchos. No había nadie en la oficina que pudiera dar testimonio de qué ocurrió. Especulaciones fueron y vinieron, que si se acercó a la ventana a fumar un cigarrillo y perdió el equilibrio, que podía tratarse de un suicidio y otras. Pero, bien a bien, nada podía probarse. Nada puede probarse en el 2025. PEMEX lo registró como un "accidente".
La prestigiada académica -socióloga por la UNAM, maestra y doctora por la Universidad de Cambridge, investigadora del CIDE- era ya conocida. El hecho sacudió. El entonces procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, declaró a la prensa que no había motivos para la indagación, pues no había ningún indicio de homicidio. El Jefe de Gobierno era AMLO. La viuda, en uso de sus derechos, reclamó la pensión correspondiente, misma que le fue otorgada. Como añadido, ningún precepto u ordenamiento, cancela una pensión por tratarse de un suicidio. La ley del Seguro Social establece que, a menos que la relación hubiese durado menos de seis meses, procedería la cancelación: sospecha de arreglo. Pero la relación es, en todo caso, entre el patrón y el trabajador, Fernández Márquez. En esa fecha, ella trabajaba en la Secretaría de Gobernación.
Más de una década después del accidente, se crea una institución de la sociedad civil -MCCI- enfocada a denunciar a través de investigación periodística y datos duros la corrupción en todos los niveles. Esas investigaciones provocaron el enojo oficial. Desde el megáfono presidencial, a ella, en lo personal, se le mencionó en 111 ocasiones y 300 a MCCI, torciéndole burlonamente el nombre. ¡Vaya obsesión! Pero, lo más grave, al exponer datos personales, la autoridad violó la ley. Casualmente, es un decir, en abril de 2024, PEMEX suspendió la pensión a la activista social. Gertz lo judicializó., alegando que la Ley Federal del Trabajo prevé el suicidio -de nuevo el fantasma- para suspender las obligaciones frente al trabajador. Un absurdo ¿obligaciones con alguien fallecido? Pero los beneficiarios, explícitamente, están excluidos. Fue por ello que la activista recurrió al amparo y …lo ganó. La ley le dio la razón.
Pero hace unos días, la flamante titular de la FGR, judicializó de nuevo el caso. Es decir, reinició la investigación. Si, la misma persona que relevó a Gertz y prometió que no habría persecución política, retomó el caso. Teniendo enfrente al monstruo del huachicol fiscal -quizá 600 mil mdp- o el caso del señor Rocha Cantú con infinitos tentáculos, la Fiscal dio prioridad al de la viuda y PEMEX. Al judicializar, está implícita la posible pena corporal, prisión. Pocas horas después, y ante el alud de enojo en redes sociales, la FGR, aclaró que revisaría el caso. Ojo, no se desiste, lo revisa, pues el artículo 217 del Código Penal Federal alude "Al servidor público que ilícitamente:" otorgue concesiones de prestación, explotación o aprovechamiento de bienes de la Federación. También franquicias, adjudicaciones o autorizaciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos o productos, realice contratos de obra pública o contrate deuda y otros así. ¿De que hablamos? Vaya que merece revisión.
Es por eso, apoyado por mi amigo, referente jurídico y compañero de páginas, Luis de la Barreda, que suscribo totalmente el pronunciamiento impulsado por Eduardo Guerrero que expresa "nuestra grave preocupación" por los hechos relatados y la exigencia de que la FGR "observe estrictamente los principios de objetividad, legalidad, imparcialidad y debido proceso, y desista de cualquier acto de persecución, hostigamiento o investigación penal que carezca de base jurídica suficiente en contra de MAC". Ahora una juez federal ordena devolver el caso a la Fiscalía Especializada. O sea, destruir vidas sin costo alguno.
Amedrentamiento como modus operandi. Orban dixit.