Papel del municipio libre en el Pacto Federal mexicano
El municipio ha sido, desde los denominados “cabildos novohispanos hasta el presente”, el tema más constante en la organización política del territorio mexicano. Su evolución independiente inicia en el siglo XIX con tensiones históricas entre centralización-autonomía; y el control del poder-expresión directa de la soberanía popular. La Constitución de 1917 lo consagró como Municipio Libre, base del federalismo y célula esencial de la democracia nacional. Sin embargo, los cambios políticos y administrativos del siglo XXI, especialmente bajo el modelo de gobierno instaurado a partir de 2018, han reconfigurado su papel dentro del Pacto Federal, debilitando su autonomía efectiva y vulnerando la vigencia real del federalismo municipal en México.
Tras la Independencia, el municipio se confirmó como la “base del régimen federal y de la soberanía local”. La Constitución de 1824 lo reconoció como parte de los estados, pero sin plena autonomía, subordinado a los gobiernos estatales. Durante todo el siglo XIX, los cambios políticos—centralismo, federalismo y guerras civiles— provocaron inestabilidad institucional, aunque se mantuvo su función como célula territorial de gobierno.
“La Constitución de 1857 reafirmó el municipio libre como texto vano, porque la intervención estatal siguió limitando su autogestión”. En el siglo XX, la Constitución de 1917 (art. 115) otorgó al municipio la categoría de “Orden de Gobierno”, con autonomía administrativa, hacendaria y política. Volviendo el régimen posrevolucionario a utilizar el municipio como instrumento del centralismo presidencial, subordinándolo a los gobiernos estatales y al partido hegemónico. A partir de la década de 1980, las reformas de descentralización y federalismo fiscal fortalecieron gradualmente su capacidad de gestión, diversificando funciones en servicios públicos, desarrollo urbano y participación ciudadana.
En el siglo XXI (2000–2018), con la alternancia política y la consolidación democrática, los municipios adquirieron mayor pluralismo y responsabilidad fiscal, aunque continuaron enfrentando desigualdades estructurales, dependencia de recursos federales y debilidad institucional. Las reformas en transparencia, planeación y rendición de cuentas modernizaron la gestión local, pero persistieron retos en seguridad pública, coordinación metropolitana y gobernanza territorial.
“El municipio llegó a 2018 como pieza clave pero frágil del federalismo mexicano, entre la autonomía formal y la subordinación tácita al poder estatal y federal”.
El régimen actual impulsa un modelo de recentralización política y administrativa, con una narrativa de coordinación nacional unificada. Aunque formalmente mantiene el federalismo, en la práctica ejerce una mayor concentración de decisiones, recursos y programas sociales en el poder federal, desplazando funciones que antes correspondían a los gobiernos estatales y municipales.
“El discurso de coordinación nacional para la transformación se traduce en una severa centralización operativa, justificándola ‘con una inalcanzable hasta hoy, necesidad de eficiencia, control presupuestal y combate a la corrupción”.
Pese a su vigencia constitucional, la erosión práctica del principio de Municipio Libre está en la dependencia de recursos etiquetados y programas federales ajenos a su decisión sobre el gasto. Los fondos de fortalecimiento municipal y participaciones son controlados por lineamientos federales sujetos a discrecionalidad política. Las delegaciones federales, y no los ayuntamientos, aplican los programas sociales desplazando a la autoridad municipal como actor directo frente a la población. El modelo actual recentraliza funciones operativas, mientras el municipio se convierte en un administrador periférico sin verdadera autonomía presupuestal ni política.
“Sumándose la evidente intervención directa y tolerada de la delincuencia organizada en el control territorial de gobierno y desarrollo socioeconómico”.
Requerimos fortalecer la autoridad municipal y el papel de los representantes ciudadanos en los Poderes Legislativos para reforzar el federalismo fiscal y operativo, incrementar capacidad de gestión en la recaudación y aplicación de recursos; restituir su corresponsabilidad en seguridad pública, —acorde a sus posibilidades—; profesionalizar administración municipal, establecer un servicio civil local que garantice continuidad institucionalno partidista; incentivar su participación en planeación, para adaptar las políticas federales a las necesidades locales particularizadas. “Revisar el encargo de los delegados federales, rescatando la interlocución federación-gobiernos electos, sin intermediarios políticos; y recuperar los representantes ciudadanos en los Poderes Legislativos, que son elegidos en los municipios”.
Nuestros municipios enfrentan la paradoja de ser constitucionalmente libres, pero operativamente dependientes porque el modelo centralizado del régimen actual ha reducido su capacidad política, administrativa y financiera, transformando la coordinación-colaboradora federalista en subordinación. Requiriendo recuperar el sentido pleno del Municipio Libre fortaleciendo su hacienda; profesionalizar su gestión y restituirlo como primer respondiente del ejercicio democrático y control ciudadano del poder. “Solo un municipio con plena autonomía, gestión eficaz y rendición de cuentas real, sostiene un federalismo equilibrado y una República verdaderamente democrática, capaz de responder con justicia y eficacia a las demandas del territorio y de su población”.
* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.