Patrullas que arrollan y un poder que encubre
En Durango, las patrullas ya no solo circulan con sirenas encendidas, también arrastran consigo el peso de vidas truncadas y familias rotas. En tierra de alacranes, donde las condolencias oficiales se repiten como protocolo y la justicia parece depender del escándalo público, una verdad incómoda se hace cada vez más visible: el uniforme protege más al agresor que al ciudadano.
El dolor de una madre no conoce diplomacia ni sabe sobre división de poderes. Nancy Soriano Luna, mamá de Jesús Manuel Salinas, irrumpió en el Cabildo de Durango gritando que la impunidad mata, algo que muchos por aquí suelen callar. Su hijo, un joven repartidor de 22 años, fue arrollado por una patrulla de la Policía Estatal y murió en el incidente.
El conductor de la unidad policiaca, presuntamente ebrio, y esto de acuerdo a los señalamientos que han hecho los propios dolientes y quienes aseguran tener testigos de ello, sigue sin enfrentar consecuencias reales. Las autoridades, tanto municipales como estatales, se escudan en compensaciones huecas y promesas vacías mientras la familia llora y se lamenta con impotencia.
Sin embargo, el anterior no es un hecho aislado. Hace apenas unas semanas, Carlos Emilio Cháidez, padre de familia, murió atropellado por una patrulla del municipio de Nuevo Ideal. Su hija, Jasmine, denunció que el Presidente Municipal -militante de Morena- intentó obligarla a perdonar al responsable a cambio de cubrir el funeral. Cuando se negó, fue tratada con desdén y desprecio.
Ambos casos tienen patrones similares: policías que actúan con total impunidad, autoridades que minimizan el dolor de las víctimas y funcionarios que prefieren comprar silencios antes que aplicar la justicia. Lo más grave es que la narrativa institucional sigue su mismo guion para responsabilizar a los muertos y proteger a los responsables con procedimientos burocráticos y opacidad.
Durango no puede permitirse seguir normalizando este tipo de crímenes. Cada patrulla que arrolla, cada policía que abusa, cada gobernante y funcionario público que encubre, cada fiscal que titubea, alimenta un sistema podrido que ya no garantiza seguridad, sino miedo.
Ni el Gobernador, ni los ediles involucrados toman decisiones ejemplares; eso salta a la vista de todos. Las palabras no bastan cuando los hechos gritan abandono. Y es que la justicia no debe depender del reclamo de las familias, de la presión mediática o de las redes sociales, porque debe ser una respuesta institucional clara, firme y transparente.
Jesús y Carlos no volverán, pero su muerte no puede quedar enterrada bajo el silencio oficial. Sus nombres deben convertirse en memoria viva, en exigencia constante, en herida abierta que no se cierre hasta que la justicia deje de ser una excepción y se convierta en regla. Porque ningún uniforme, por honorable que sea, debería tener licencia para matar a gente inocente.
EN LA BALANZA.- El gobernador Esteban Villegas, con una impura soberbia, vuelve a admitir públicamente su injerencia en el pasado proceso electoral. En un evento con el sector rural de Durango, de pasada lanzó improperios aludiendo a la 4T y por ende a la presidenta Claudia Sheinbaum, haciendo gala de un léxico impropio de un jefe de Estado. Lo preocupante no es solo su tono, sino el fondo del mensaje. Este tipo de conductas no solo debilitan la legitimidad democrática, también exhiben el oportunismo de quienes cambian de discurso según la dirección de los vientos políticos.
CERROS SECOS Y PELONES... En la Comarca Lagunera el río Nazas no está muerto, está secuestrado. El llamado de la campaña "Nazas Vivo" es una petición legítima y urgente para regresarlo a su cauce natural. No es un simple capricho ambientalista, sino una necesidad para la región. Durante décadas, se ha gestionado el agua como si fuera propiedad de unos cuantos, ignorando los efectos devastadores sobre acuíferos, ecosistemas y comunidades enteras en aquella región compartida entre Durango y Coahuila.
X: @Vic_Montenegro