Perpetúan la ley salinista de aguas

Agua para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua denuncian los temas que la Conagua no permitió incluir en el dictamen de la legislación hídrica. Dan a conocer que las propuestas generadas en los Parlamentos Abiertos y las Audiencias Públicas organizadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, comunidades y ciudadanía, fueron rechazadas por la Conagua. Alertan que, a pesar de los anuncios triunfantes, la reforma legislativa no contiene ninguna obligación ni mecanismo para enfrentar el acaparamiento y la sobreexplotación, ni para garantizar agua para las poblaciones que sufren de marginación hídrica. Ambas agrupaciones se comprometen a seguir luchando por el buen gobierno del agua, a pesar de la verticalidad y opacidad que sigue predominando en el sector.

Los dos organismos denunciaron el proceso atropellado en el cual la Comisión Nacional del Agua (Conagua) impuso la aprobación exprés de una iniciativa legislativa sin revisión pública y "sin mover ni un punto ni una coma".

Expresaron desacuerdo con la inconsistencia constitucional de anunciar derechos humanos en una ley mientras que se escuda la ley efectiva de sus efectos.

La propuesta de la Conagua consistía en la perpetuación de la salinista Ley de Aguas Nacionales (LAN), la cual ha generado la violación sistemática de los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano en todo el país durante sus 33 años de vigencia.

"A pesar de múltiples intentos de bloquearnos, las comunidades y la ciudadanía nos coordinamos con legisladores para organizar 16 foros de Parlamento Abierto, así como la presentación de más de 500 propuestas fundamentadas en Audiencias Públicas cubriendo las zonas norte, centro y sur del país".

La Conagua rechazó las siguientes propuestas presentadas por los legisladores de la Comisión de Recursos Hidráulicos, resultantes de los procesos de consulta

Uno.- Prohibir la privatización de obras hidráulicas y de sistemas de agua y saneamiento.

Dos.- Reconocer los derechos de pueblos indígenas al agua en la Ley de Aguas Nacionales. 

Tres.- Obligar que los Consejos de Cuenca tuvieran que incluir la representación de pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades afectadas por la contaminación, investigadores y defensores, y no sólo los grandes concesionarios del agua.

Cuatro.- Cambiar totalmente el inefectivo esquema de la LAN frente a la contaminación, y tipificar la contaminación como un delito.

Cinco.- Obligar a la Conagua a extinguir los volúmenes de agua de uso industrial y servicios para los cuales sus titulares no han pagado derechos.

Seis.- Proteger a los usuarios agropecuarios familiares de la extinción de sus derechos cuando no hayan podido comprobar el uso de sus aguas durante dos años.

Siete.- Reconocimiento y protección de territorios y acuíferos kársticos del país por su vulnerabilidad a la contaminación y sobreexplotación.

Agua para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua señalaron además que a pesar de los logros que se están anunciando, no se encuentra en el proyecto ningún artículo que permita ni obligue a la Conagua cumplir con los siguientes objetivos.

Uno.- Desmontar el acaparamiento y la sobreexplotación: El Fondo de Reservas del

Agua, el cual reemplazará a los anteriores Bancos del Agua, permite la "reasignación" de volúmenes sin tener que reducir el sobreconcesionamiento.

Dos.- Garantizar el derecho humano al agua para todas y todos: No se menciona ninguna obligación de la Conagua en cuanto al manejo de aguas nacionales y el presupuesto federal ni a los sistemas de agua potable en cuanto a la distribución prioritaria.al uso humano.

Tres.- Poner orden en el sistema de concesiones: La única reforma al respecto es el cambio del nombre de "Registro Público de Derechos de Agua" a "Registro Público Nacional del Agua". Se actualiza la ley para reflejar el hecho que desde 2017 el Registro ha funcionado exclusivamente desde Oficinas Centrales.

Cuatro.- Poner fin a la corrupción: No se logró ninguna reforma que pudiera cerrar la puerta a las prácticas de corrupción de la Conagua en el manejo de concesiones. No se lograron, además, reformas que hubieran cerrado la puerta a las siguientes enormes oportunidades a la corrupción en el manejo de concesiones.

Transparentar las listas de solicitudes por cuenca y acuífero, obligando su ordenamiento por prelación y por orden de presentación, y garantizando priorizar los derechos al agua de sistemas comunitarios, pueblos indígenas y núcleos agrarios.

Transparentar las solicitudes aprobadas, indicando la fecha de notificación. Esto pondría fin a la práctica de los bufetes que obtienen concesiones y no las notifican durante años, para no tener que pagar derechos hasta encontrar quién los quiere adquirir. La reasignación, igual que la transmisión, sigue siendo considerado un "derecho" del concesionario.

Transparentar el pago de derechos y obligar a la Conagua a caducar los volúmenes para los cuales no se han cubierto los pagos. La Conagua sólo está cobrando el 20% de los derechos que deben los usuarios industriales y de servicios, lo cual convierte la recaudación en una enorme oportunidad de corrupción.

Obligar al Área Técnica de la Conagua a utilizar tecnologías de punta para fundamentar sus declaraciones de disponibilidad. Se ha documentado la manipulación de las disponibilidades para poder otorgar concesiones a intereses poderosos (Goldcorp, 2008), o reducir la tarifa cobrada para uso industrial (Monterrey, 2019).

Contar con Consejos Regionales y Nacional de amplia representación, facultados para revisar el desempeño de los funcionarios de la Conagua y, en su caso, recomendar su remoción.

En resumen, la legislación que se está aprobando dista mucho del mandato constitucional de equidad, sustentabilidad y participación, de los logros que están anunciando, así como de la base legal que México necesita en estos momentos críticos.

Preocupante.

@kardenche