Avances. Fue a mediados de este mes cuando el Congreso de la Unión aprobó la reforma completa para perseguir y sancionar el delito de extorsión en México.
El Congreso del Estado analizará una iniciativa para homologar del Código Penal de Durango con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.
Durante la sesión ordinaria de este martes, la diputada local Sandra Amaya destacó que esta Ley General constituye un avance en la lucha contra uno de los delitos que mayores afectaciones genera a comerciantes, familias y comunidades en todo el país.
Subrayó que la nueva legislación federal, aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas, establece un marco jurídico moderno y uniforme que permitirá enfrentar con mayor eficacia a quienes cometen actos de intimidación, cobro de piso y amenazas.
Entre los aspectos más relevantes de la Ley General destacan la homologación del tipo penal de extorsión en las 32 entidades federativas; la investigación de oficio para evitar que las víctimas enfrenten solas procesos de denuncia; el incremento de sanciones, particularmente en casos cometidos mediante el uso de tecnologías o desde centros penitenciarios; y el fortalecimiento de la protección a víctimas y la coordinación institucional.
La legisladora señaló que, para garantizar la efectividad de este nuevo marco normativo, resulta indispensable que los estados actualicen sus leyes locales. Por ello, presentó una iniciativa que armoniza el Código Penal de Durango con la Ley General, cumpliendo con lo establecido en su artículo sexto transitorio.
La propuesta contempla que el delito de extorsión se persiga de oficio, así como un rango de penas de 15 a 25 años, con agravantes que pueden alcanzar hasta 42 años. Asimismo, se plantea la creación de una Unidad Especializada de Combate a la Extorsión dentro de la Fiscalía General del Estado.
Amaya Rosales reiteró que el combate a este delito requiere no solo coordinación y capacidad operativa, sino un marco jurídico claro que no permita lagunas legales ni condiciones de impunidad.