Perspectiva. La iniciativa expuso que quienes se atreven a denunciar enfrentan riesgos similares a los de un periodista o un defensor de derechos humanos: amenazas, represalias, campañas de desprestigio e incluso violencia física.
Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de protección y garantizar condiciones seguras para quienes se atreven a denunciar actos de corrupción, se propuso reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
"Hoy, quienes se atreven a denunciar enfrentan riesgos similares a los de un periodista o un defensor de derechos humanos: amenazas, represalias, campañas de desprestigio e incluso violencia física. No podemos exigir valentía si como Estado no les garantizamos protección", expuso el diputado Fernando Rocha Amaro.
Explicó que la propuesta plantea reconocer como persona defensora de derechos humanos a toda aquella que presente una denuncia formal por hechos de corrupción ante las instancias competentes, otorgándole así el marco de protección que la ley establece para periodistas y activistas.
El legislador puntualizó que quien denuncia la corrupción está defendiendo a la sociedad entera, por lo que resulta indispensable reconocerlo como defensor de derechos humanos y ser congruentes con los estándares internacionales establecidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, así como de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
"Esta reforma fortalece nuestra democracia, protege a quienes se atreven a decir la verdad y reafirma que en Durango la dignidad humana es el centro de la vida pública. Cuando se protege a quien denuncia la corrupción, avanzamos como sociedad y construimos el futuro de todos", resaltó Rocha Amaro.
El legislador panista señaló que la corrupción vulnera de manera directa e indirecta los derechos humanos, al afectar la calidad de los servicios públicos, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las comunidades.
Finalmente, comentó que este fenómeno debilita las instituciones, corroe la confianza ciudadana, alimenta la impunidad y agrava la desigualdad social, además de impactar derechos colectivos como el acceso al agua, la salud, la educación y un ambiente limpio.