
Posicionan a Poder Judicial de Durango como ejemplo en justicia con perspectiva de género
La Oficial de Relaciones Laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México, Gabriela Márquez Conde, situó a Durango como el único estado del país que integra de manera efectiva la perspectiva de género y los tratados internacionales en la atención y resolución de conflictos laborales.
Previamente, la OIT implementó en el Poder Judicial del Estado una herramienta de autodiagnóstico que permite a las instituciones de resolución de conflictos laborales, evaluar su efectividad y diseñar estrategias de mejora.
Esta herramienta busca apoyar al gobierno y a los interlocutores sociales en la identificación conjunta de desafíos y en la formulación de medidas concretas para fortalecer los sistemas de justicia laboral en México.
Durante los días 23 y 24 de octubre de 2025, dos facilitadoras de la OIT visitaron Durango para acompañar la aplicación del instrumento en sesiones de trabajo con un grupo diverso de personas del Poder Judicial y del juzgado laboral.
El ejercicio se realizó en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las relaciones laborales en México: Prevención de conflictos laborales y acceso a la justicia laboral, con perspectiva de género”, el cual permite a las instituciones evaluar su desempeño en torno a principios fundamentales como eficiencia, rapidez, accesibilidad, equidad, independencia, rendición de cuentas, imparcialidad, profesionalismo, igualdad y ejecución.
En el caso de los mecanismos no judiciales, se añaden además los principios de voluntarismo, confidencialidad y prevención.
El proceso de autodiagnóstico se lleva a cabo mediante la conformación de un equipo multidisciplinario dentro de la institución, que responde un cuestionario con la guía de una persona facilitadora de la OIT. Los resultados permiten identificar áreas prioritarias de mejora y promover el diálogo tripartito para definir intervenciones que fortalezcan la prevención y resolución de conflictos laborales.
Para la OIT, una institución de resolución de conflictos laborales efectiva es aquella que garantiza el acceso a la justicia de forma fácil, asequible, rápida y no discriminatoria, contribuyendo al estado de derecho y actuando con imparcialidad, independencia, profesionalismo, transparencia y responsabilidad.