Compromiso. A partir del próximo 1 de septiembre entrará en funciones el nuevo Tribunal Superior de Justicia, con una legislación recién reformada.
El proceso de transición del Poder Judicial local exige cambios de fondo que requieren armonía legislativa, preparación profesional de alta calidad, coordinación y sobre todo un compromiso genuino con Durango por parte de los tres Poderes del Estado.
Durante el informe anual de actividades 2024-2025 que rindió este viernes la magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Patricia Galván Gutiérrez, en el aula magna del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario, refirió que, en dicha transición, a través de la Universidad Judicial se impulsaron procesos internos de formación y especialización de personal.
Fue así como se fortalecieron canales de diálogo con la ciudadanía y se sentaron bases para que la nueva integración del Poder Judicial local no solo sea una transición institucional, "sino una verdadera transformación con sentido, rostro humano y responsabilidad social".
"A 200 años de vida del Poder Judicial del Estado de Durango y con esta última sesión solemne de la actual integración del Pleno de Magistrados, se concluye una etapa y damos inicio a otra en la que el Poder Judicial está preparado para enfrentar cualquier reto y continuar como bastión de legalidad, de imparcialidad, de independencia y de profesionalismo", aseveró la Magistrada Presidenta.
Por último, durante el informe de actividades manifestó su agradecimiento a las personas juzgadoras de primera y de segunda instancia; así como a los integrantes del Consejo de la Judicatura que concluyen una etapa profesional e institucional.
También reconoció la entrega y profesionalismo del personal en general; y exhortó a las personas que recién se integraron o están por integrarse a que su compromiso sea con la justicia.
Después del mensaje de la Magistrada Presidenta realizó la ceremonia de "togamientos" de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces por elección popular, en la cual portaron por primera vez la investidura que caracteriza a las personas impartidoras de justicia con "la toga judicial", como símbolo de autoridad.