Revelan el modus operandi de los invasores de casas: 'La policía ya está coludida', aseguran
La invasión de viviendas en México ha alcanzado niveles alarmantes, con grupos organizados que operan con rapidez y eficacia, despojando a propietarios legítimos de sus hogares. Testimonios recientes han revelado cómo estos delincuentes actúan con total impunidad, incluso presuntamente con la complicidad de las autoridades.
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Selección y ocupación de viviendas
Los invasores, conocidos como "caza casas", inician su operación con una vigilancia detallada de las propiedades. Buscan señales de abandono, como jardines descuidados, ventanas mal cerradas o estructuras oxidadas.
Una vez identificada una vivienda vulnerable, envían a un miembro del grupo, denominado "morro", para que se quede a dormir en el lugar durante tres días. Si logra permanecer sin ser detectado, consideran la casa tomada.
Según testimonios de miembros de estas redes, la ocupación de una vivienda puede realizarse en tan solo dos o tres minutos. Utilizan herramientas simples para forzar entradas y, en ocasiones, presentan documentos falsificados para simular legalidad en su posesión.
Esta rapidez y eficiencia les permite invadir entre seis y ocho casas en un periodo de dos semanas, generando un negocio ilícito rentable.
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Autoridades coludidas
Lo más preocupante es la presunta complicidad de las autoridades en estos actos delictivos. Los invasores afirman que, en ocasiones, la policía llega al lugar, pero se retira rápidamente tras ser confrontada o grabada por los mismos delincuentes.
Además, se ha reportado la existencia de grupos que, por una remuneración económica, ayudan a desalojar a los invasores sin seguir los procedimientos legales establecidos, lo que agrava aún más la situación.
Los afectados por estas invasiones enfrentan largos procesos legales para recuperar sus propiedades. A pesar de contar con documentos que acreditan su posesión, muchos se ven obligados a recurrir a métodos extrajudiciales debido a la lentitud y, en ocasiones, la ineficacia del sistema judicial. Esta situación genera un ambiente de inseguridad y desconfianza entre los ciudadanos.