Se aceitan los mecanismos de la censura
La organización independiente que defiende los avances de los derechos de la libertad de expresión, Artículo 19, publicó su reporte "Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México", en el que documentan que en medio año se han presentado al menos 51 casos de acoso judicial en contra de periodistas, lo que refleja el uso faccioso del marco legal mexicano en detrimento de la libertad de expresión.
Dice este reporte que de los 51 casos, 39 fueron en contra de periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra. En tan solo siete meses, según Artículo 19, se ha superado el número de víctimas registradas en cualquier año anterior. Subraya, además, que preocupa especialmente el uso indebido de la figura Violencia Política en contra de las Mujeres en Razón de Género (VPEG), como un subterfugio legaloide para censurar.
Ejemplo de lo anterior fue lo sucedido en el estado de Campeche en donde la gobernadora Layda Sansores inició una denuncia por presunto delito de "odio" en contra de periodistas críticos de su gestión. Tres periodistas de aquella entidad fueron obligados, por orden judicial, a leer un texto de disculpa pública dirigido a la Gobernadora, después de que el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) concluyera que incurrieron en expresiones "ofensivas" y con "violencia política de género". En otro caso más, el periodista Jorge González Valdez recibió la orden de no referirse a la Gobernadora en sus publicaciones. Además, el Tribunal Superior de Justicia del Estado designó un censor judicial para revisar previamente su contenido antes de ser difundido.
En Durango, si bien es cierto no se han acreditado aún casos de denuncias a periodistas para limitar su ejercicio periodístico, si se han presentado casos de censura en tiempos recientes. A finales del mes de julio, la periodista Susana Blanco fue amedrentada primero y posteriormente retirada por la fuerza pública, de las instalaciones de la FENADU, cuando realizaba su trabajo, una cobertura en vivo de una manifestación de madres de niños con cáncer. De igual forma, reporteros de esta Casa Editorial han enfrentado obstáculos para realizar su trabajo. Por un lado, no se dieron acreditaciones para ingresar a la pasada Feria Villista y, recientemente, la compañera que cubre la fuente de la alcaldía de Durango fue expulsada del grupo de difusión de WhatsApp que el área de Comunicación Social del Municipio administra.
Comunicar es gobernar o gobernar es comunicar. Son dos caras de una misma realidad. En una sociedad democrática el Gobierno tiene la obligación de informar y el ciudadano el derecho a ser informado. Así, la comunicación gubernamental tiene su fundamento jurídico y político en el cruce de esa obligación y ese derecho.
Durante el mensaje ofrecido, por su primer informe de gobierno, la presidenta Sheinbaum aseveró, quizás basada en "otros datos" o mal informada por sus allegados: "En México no se reprime, no se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo. Se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia. No existe la censura".
Ya sea por acoso judicial (demandas, denuncias o medidas cautelares), como nueva forma de censura, o por decisiones arbitrarias y represoras de las áreas de comunicación social de los tres órdenes de Gobierno para limitar la libertad de expresión, un país, una entidad o un municipio que se precien de ser democráticos están obligado a garantizar el libre ejercicio periodístico y de opinión, además de permitir que los ciudadanos tengan acceso a la información.
De no ser así, quedarán estigmatizados como regímenes autoritarios.