Sigue la impunidad en la Comarca Lagunera
La Laguna de Durango vive un presente oscuro que amenaza con convertirse en el futuro inmediato de todo el estado, si no se toman decisiones firmes. Los transportistas, ganaderos, agricultores y ahora también empresarios, siguen levantando la voz denunciando una y otra vez extorsiones, cobros ilegales y amenazas, pero la respuesta de las autoridades estatales continúa tibia, cuando no abiertamente omisa.
El gobernador Esteban Villegas insiste en que la Secretaría de Seguridad Pública atiende reportes, mientras la Fiscalía General del Estado de Durango "investiga". Sin embargo, la Fiscal asegura que no existen denuncias formales que puedan sustentar una acción contundente, en tanto que los afectados exhiben como prueba de lo contrario los folios y sus declaraciones.
Es el clásico y perverso juego de la "declarocracia" y el embrollo burocrático. La ciudadanía grita auxilio y el aparato gubernamental responde con papeleo y discursos huecos. Mientras tanto, quienes se niegan a pagar "cuotas sindicales" disfrazadas de aportaciones siguen viviendo con miedo, bajo la sombra de represalias violentas.
Lo más grave no es solo la parálisis del gobierno estatal, sino la sospecha de colusión con quienes han convertido al sindicato en una "sucursal criminal". Y es que si productores, transportistas y comerciantes denuncian que patrullas estatales bloquean manifestaciones pacíficas junto con civiles armados, estamos frente a un síntoma claro de impunidad estructural.
Ante la falta de resultados a nivel local, la mirada se dirige inevitablemente a la Federación. No es casual que los afectados recurran por segunda ocasión y directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
En el fondo, lo que reclaman no es un simple operativo, sino recuperar la certidumbre de que se puede trabajar sin extorsiones, producir sin miedo y comerciar sin ceder a amenazas. Lo que está en juego es la seguridad económica y social de una región que aporta riqueza, pero que ahora se ve atrapada por redes ilegales con tolerancia oficial.
No obstante y en medio de todo, la contradicción política en la Comarca Lagunera. Mientras en Coahuila el gobernador Manolo Jiménez se apresura a blindar su territorio de este tipo de prácticas, del lado de Durango, la autoridad parece mirar hacia otro lado. ¿Por qué? La respuesta incómoda apunta a intereses políticos y económicos entrelazados. Complicidad.
Durango corre el riesgo de normalizar lo intolerable: que extorsionar sea parte del costo de trabajar. Que las cuotas impuestas por un sindicato o grupo armado se integren a la contabilidad de cualquier negocio, como si fueran impuestos no oficiales. Esa es la definición misma de un Estado fallido.
EN LA BALANZA.- La reciente aclaración de la Secretaría de Salud de Durango, descartando una alerta por rabia humana en la entidad, resulta tranquilizadora, pero no debe ser motivo de confianza excesiva. El verdadero problema está en el déficit de vacunas para mascotas, pues sin un control adecuado en animales domésticos, cualquier estrategia preventiva queda incompleta. La transparencia y la vigilancia epidemiológica son necesarias, pero la prevención real empieza con garantizar que la ciudadanía tenga acceso a vacunas para sus perros y gatos. De lo contrario, el riesgo seguirá latente, más allá de los comunicados oficiales.
X: @Vic_Montenegro