‘Somos abogados del crimen organizado’: la polémica declaración de la defensa de ‘El Mayo’
Luego de que en días recientes Ismael “El Mayo” Zambada solicitara su repatriación mediante una carta dirigida al Gobierno de México, comenzaron a surgir diversas polémicas en torno a sus abogados, entre ellas la ocasión en la que durante una entrevista reconocieron ser abogados que defienden el crimen organizado en el país.
De acuerdo a la carta que “El Mayo” entregó al Consulado General en Nueva York, en la que exigía a México repatriarlo, Juan Pablo Penilla y Juan Manuel Delgado González serían sus asesores jurídicos.
Sin embargo, Jorge Triana Tena, vocero del Partido Acción Nacional, en medio de la polémica, sumó un nombre más a la lista, el de Sergio Arturo Ramírez Muñoz, socio de Penilla y director general del despacho que asesora a Ismael Zambada.
"Abogados del crimen organizado"
Fue durante una entrevista con Laia Fernández para la revista Valores, en la que Ramírez Muñoz, quien actualmente es militante activo de Morena, habría tocado el tema de la defensa al crimen organizado.
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A través de redes sociales, el vocero del PAN compartió un fragmento de la entrevista, en la que el abogado destacó que “nosotros no tenemos ningún temor, no tenemos ninguna incertidumbre de manifestar que somos abogados del crimen organizado en el país”.
“¿Defendemos narcotraficantes? Sí. ¿Defendemos crimen organizado? Sí. No defendemos secuestradores, no defendemos extorsionadores. El día de hoy estamos focalizados a la visión de lo que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha venido planteando de lo que debe de ser un nuevo sistema de justicia”, dijo.
El abogado agregó que "este tipo de delitos muchas veces son satanizados por la gente. La gente sataniza a los despachos que manejamos estos asuntos. Nosotros consideramos que todo el mundo tiene derecho a una defensa adecuada, sea quien sea".
Sin embargo, durante la misma entrevista, Sergio Ramírez descartó que se “concilie” con narcotraficantes, pues más allá de eso, se busca la “acetptación de la comisión del delito y creación de un archivo histórico del hecho”, así como la reparación del daño, cárcel y firma de acuerdo de no repetición.
Sobre esto, Penilla refirió que "más que un acuerdo, se busca una labor de convencimiento para que los jefes de grupos delincuenciales se sometan a este proceso de justicia".