¿Somos un país de leyes con seguridad?
La actuación de un gobierno certifica su Estado-Nación como "país de leyes y seguro" cuando legitima que el Estado de Derecho opera efectivamente en la práctica, la ley rige verdaderamente todas las relaciones sociales económicas y políticas, y el poder se somete activamente a límites jurídicos. Para medirlo hay que responder varias preguntas: ¿hay límites reales al poder del gobierno? ¿La corrupción es baja y está sancionada? ¿La justicia es accesible, independiente y eficaz? ¿Las leyes son claras, públicas y aplicadas de manera justa? ¿Se respetan los derechos fundamentales de todas las personas? ¿El personal que administra-justicia es competente-moral-independiente y neutral? "Aun teniendo leyes escritas, un Estado-Nación NO es un país de leyes-seguro si son ignoradas, manipuladas, no aplicadas de manera justa o están diseñadas para beneficiar a unos pocos".
La "Supremacía de la Ley" se manifiesta cuando está por encima de cualquier persona o autoridad, incluidos gobernantes, la legalidad reduce espacios para actos arbitrarios de gobierno, separa Poderes donde cada uno opera autónoma-independientemente evitando su concentración, los Derechos humanos y libertades civiles son reconocidos-respetados y protegidos jurídicamente, los procedimientos judiciales son transparentes, públicos y razonablemente rápidos, no hay privilegios legales permanentes para ninguna persona, sector o clase social, las leyes son claras-estables y conocidas de antemano, las sentencias de tribunales son respetadas-cumplidas por ciudadanos y autoridades. "Los mecanismos de rendición de cuentas son transparentes en el ejercicio del poder y tienen posibilidad real de castigar la ilegalidad, incluso en niveles altos del gobierno".
Un gobierno acredita su Estado-Nación como "país seguro" logrando condiciones objetivas-reales y la certeza-social que garantiza a sus habitantes la protección-gubernamental frente a amenazas a su integridad personal-bienes y su modo de vida. "Estos elementos exponen la realidad-medible y la confianza-pública en la capacidad del Estado para garantizar-seguridad". La condición de seguridad se manifiesta cuando hay bajos niveles de criminalidad; presencia efectiva de fuerzas de seguridad; instituciones de procuración-impartición de justicia eficaces apoyados en Estado de derecho sólido; baja percepción de inseguridad; control territorial del gobierno; prevención social del delito; resiliencia ante amenazas internas-externas; y coordinación interinstitucional eficiente y eficaz. "Un país seguro garantiza que sus habitantes convivan sin temor porque el crimen y violencia están minimizados, hay Estado de Derecho y justicia efectiva, la autoridad legítima está presente en todo el territorio, y la sociedad puede vivir, trabajar y convivir sin miedo". México es "país de leyes" únicamente en el plano normativo y está desconectado con la realidad del "país seguro"; la fracturación colectiva y la captura criminal impune del territorio e instituciones impiden que la ley se traduzca en orden-paz y justicia. "No cierra la brecha entre norma y práctica, no consolida el Estado de derecho como forma-legal ni como autoridad legítima-eficaz y confiable".
La promulgación de reformas apresuradas como sistema penal acusatorio, profesionalización de cuerpos policiales y reconocimiento constitucional de derechos humanos "sin consolidarse"; solo deterioran condiciones de seguridad pública sin traducirse en protección efectiva de la vida, libertad y la integridad ciudadana. Este desfase tiene "muchas causas que no son atendidas": procuración de justicia rebasada, fiscalías sin autonomía real y funcional, cuerpos de seguridad y justicia infiltrados-superados por crimen, y una débil-coordinación entre órdenes de gobierno que entregaron control territorial en regiones enteras, permitiendo a grupos criminales operar como autoridades de facto-impunes, con niveles superiores al 90% en delitos de alto impacto, perdiendo la confianza ciudadana hacia instituciones que deberían garantizar seguridad y justicia. "Invalidando el principio de legalidad, al NO garantizar la convivencia pacífica, ubicando a nuestro derecho entre la simulación burocrática y su captura institucional".Según el "Índice del Estado de Derecho 2024" (WJP), México ocupa la posición 118 de 142 países evaluados globalmente; a nivel regional el puesto 28 de 32 en América Latina-Caribe, superando únicamente a Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela. "En seguridad" ocupamos el puesto 133, compartiendo posiciones con Mozambique, Haití y Nigeria; y "en corrupción" estamos en el 135, solo por encima de Venezuela, Camerún y Haití. "Nuestra ley existe-sin proteger, el gobierno castiga-sin disuadir y se habla de gobernanza-sin gobierno real en muchas regiones".
La solución no es "más-leyes o más-fuerza", es articular legalidad-eficacia, recuperar territorio, extinguir corrupción y construir legitimidad democrática institucional. México será seguro cuando la ley signifique-justicia y la justicia-paz. "Hay una deuda política institucional y ética pendiente, para que México supere su condición actual de inseguridad-estructural". "Muchas leyes sin eficacia no sirven, pugnemos por un país fuerte, con leyes que se cumplen y mexicanos que viven sin miedo."
* El autor de esta colaboración es General de División de Estado Mayor, Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.