Determinación. Se trata de una situación más en la que se le da vista al Congreso del Estado para aplicar las sanciones acorde con la sentencia del órgano jurisdiccional.
El Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED) dictó una nueva sentencia, acreditando la existencia de violencia política en razón de género contra el Presidente Municipal de Mapimí.
La resolución surge de una denuncia interpuesta por la Síndica de ese mismo municipio, quien alegó haber sido víctima de una serie de conductas hostiles que coartaron el pleno ejercicio de sus funciones. Esta determinación no solo valida el testimonio de la denunciante, sino que también ordena una serie de medidas de reparación y sanción que incluyen la inscripción del funcionario en el Registro Nacional de Infractores y la vinculación al Congreso estatal para la imposición de las penas correspondientes.
Durante el proceso, el Pleno del TEED se basó en el análisis de los testimonios de ambas partes y, de manera particular, en un dictamen pericial en psicología. Dicho peritaje fue fundamental para comprobar que las acciones del denunciado constituyeron un patrón de violencia psicológica y simbólica que generó un entorno laboral intimidatorio y limitó la labor de la Síndica.
La sentencia, dictada en la última sesión de resolución del Tribunal, resalta la gravedad de las acusaciones y la necesidad de proteger a las mujeres en el ámbito político, garantizando un ambiente seguro para el desempeño de sus cargos.
Como parte de las medidas, el Tribunal ordenó la continuidad de las protecciones ya establecidas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), así como la imposición de un periodo de seis meses de inscripción en el Registro Nacional y Local de Personas Sancionadas por Violencia Política.
Es de destacar que esta es la segunda vez que el mismo Alcalde es encontrado responsable de este tipo de violencia contra la Síndica. El TEED también ordenó notificar al Congreso de Durango para que proceda con las sanciones legales, y encargó nuevamente al IEPC la capacitación del infractor para prevenir futuras conductas de esta naturaleza.