¿Una campaña de 49?
El tiempo transcurre inexorablemente, cada vez se acerca más el 1 de junio y el periodo de las campañas, a la vez que se redoblan los trabajos para la organización de los procesos electorales en Durango. Por ejemplo, tenemos a la vuelta de la esquina el plazo máximo para el registro de candidaturas comunes (16 de marzo), y el plazo de registro de candidaturas de ayuntamientos que va del 22 al 29 de marzo.
De igual manera, se acercan las campañas de los Ayuntamientos de Durango, Gómez Palacio y Lerdo que inician el 9 de abril; mientras que, en el caso de personas juzgadoras, inician el 29 de abril.
Sin embargo, el tema que más se ha posicionado en la agenda pública durante los últimos días es la lista de las candidaturas del Poder Judicial local, ya que los 3 Poderes decidieron postular a las mismas 49 personas, para los 49 cargos que se elegirán, es decir, 1 persona por cargo.
Si bien es cierto, la reforma judicial contempló que pudieran presentarse listas con los mismos nombres, esto provoca que la ciudadanía no tenga opciones para elegir, por lo que la principal implicación que tiene la elección es saber la duración de los cargos de las 15 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de las 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
Hay que recordar que la reforma previó que las 15 magistraturas del TSJ se tendrían que renovar de manera escalonada, por lo que cinco serían elegidas por 9 años, otras cinco por 8 años, y las últimas cinco magistraturas estarán por 6 años. Mientras que en el caso de las cinco magistraturas del TDJ: dos serán electas por 9 años, otras dos por 8 años, y una por 6 años; por lo que la duración de su periodo tendrá que ver con su votación. Sencillamente, los que obtengan más votos, tendrán más tiempo en el cargo.
De igual manera, la ley contempla que la Presidencia de la TSJ sea elegida por el Pleno entre las 4 magistraturas con mayor número de votos, y que la vicepresidencia sea para el segundo más votado. Aquí también tendrá impacto la votación.
Sea como sea, es indudable que esto causa dudas de la ciudadanía por acudir a votar; además, de que es muy criticable la cantidad de recursos que implica, todo en un contexto económico muy difícil. En el IEPC originalmente habíamos solicitado una bolsa adicional de 125 millones de pesos (mdp), de los cuales 40 mdp son para la documentación electoral (boletas, actas); 60 mdp son para material (urnas, mamparas); 5 mdp para la distribución de los paquetes electorales por todo el Estado; otros 5 mdp para capacitación de funcionariado de mesa directiva de casilla, y 15 mdp de coordinación de actividades conjuntas con el INE.
Es decir, no es una cantidad menor; sin embargo, como autoridades electorales, tenemos la responsabilidad de seguir garantizando procesos electorales con los parámetros de calidad que nos mandata la ley. Sin embargo, ante casos como los que vivimos será muy necesario que desde el ámbito legislativo, se haga un análisis muy puntual de las áreas de mejora que tiene las elecciones del Poder Judicial. De que las hay, las hay.
X: @omarortegasoria