Velocidad sin rumbo: el riesgo de los 50 km/h en Durango

Una medida correcta puede fracasar si se aplica sin cultura vial, señalización adecuada y protocolo policial. El tránsito seguro no se logra solo bajando la velocidad, sino elevando la conciencia.

La reducción del límite de velocidad a 50 km/h en Durango capital es una medida que, en teoría, busca proteger la vida y mejorar la seguridad vial. Sin embargo, la forma en que ha sido implementada evidencia una falta de planeación integral, de socialización con la ciudadanía y de cumplimiento de los requisitos técnicos que la harían efectiva. Más allá de la intención, el problema radica en la ejecución: se ha impuesto un cambio normativo sin garantizar las condiciones necesarias para que funcione como una política pública de prevención y no como un instrumento de sanción.

La movilidad en nuestras ciudades debe dejar de depender de los caprichos administrativos de cada trienio. Necesitamos políticas viales perdurables, diseñadas con visión técnica, continuidad institucional y participación ciudadana. Las calles no pueden ser laboratorios de prueba cada tres años, ni los automovilistas, peatones o ciclistas, sujetos de improvisación política.

El nuevo límite de 50 km/h podría ser un avance si se entendiera como parte de un proyecto integral de movilidad. Pero aplicarlo sin haber preparado previamente la infraestructura, el señalamiento y la educación vial convierte una buena idea en un riesgo operativo. No se trata de oponerse a la medida, sino de exigir que las condiciones para cumplirla sean reales y equitativas.

Antes de sancionar a los conductores, el Ayuntamiento debió haber garantizado seis pasos básicos:

1. Publicar con claridad el reglamento en la Gaceta Municipal y darlo a conocer mediante una campaña de información masiva, asegurando que toda persona sepa cuándo y cómo entra en vigor la nueva disposición.

2. Colocar y actualizar la señalización vial en toda la ciudad, evitando confusiones y contradicciones entre los viejos y nuevos límites.

3. Rehabilitar el pavimento y la infraestructura vial, especialmente en los tramos donde la mala calidad del asfalto o el diseño de las calles obliga a maniobras peligrosas.

4. Jerarquizar las vialidades según su función: no puede exigirse el mismo límite a un bulevar de acceso rápido que a una calle del centro.

5. Capacitar a los agentes viales para que comprendan que su función principal es prevenir accidentes, no recaudar mediante infracciones discrecionales.

6. Socializar la medida con la ciudadanía, involucrando a escuelas, asociaciones civiles y transportistas en un proceso educativo que fomente la empatía y el respeto en la vía pública.

Solo cumpliendo con estos pasos la reducción de velocidad puede traducirse en una verdadera cultura vial, en lugar de un nuevo motivo de desconfianza hacia la autoridad.

Cuando una medida de gobierno se aplica sin cumplir con sus requisitos técnicos, los efectos se revierten. Lo que debía mejorar la seguridad vial termina alimentando el descontento social. Los agentes, carentes de protocolos claros, pueden enfocar sus esfuerzos en detener y multar a quien sobrepase por unos kilómetros el límite, mientras los verdaderos problemas —falta de semaforización adecuada, baches, cruces peligrosos o transporte público caótico— permanecen sin atención.

Así, la política de prevención se convierte en una política de persecución. Y la ciudadanía, en lugar de sentirse protegida, se siente vigilada. Se instala una lógica donde la norma se usa como pretexto, no como instrumento de convivencia.

Durango no necesita más medidas aisladas ni castigos selectivos. Necesita un proyecto de ciudad donde la movilidad sea entendida como un derecho y una responsabilidad compartida. Un plan que trascienda los periodos de gobierno y que se construya con la voz del ciudadano al centro de las decisiones.

El tránsito seguro no se logra solo bajando la velocidad, sino elevando la conciencia. Si de verdad queremos salvar vidas, debemos empezar por planificar con inteligencia, invertir en infraestructura digna, y formar agentes viales con enfoque preventivo y vocación de servicio.

Cada señal, cada semáforo y cada calle deben hablar de un gobierno que piensa en su gente, no de una autoridad que busca justificar su presencia en las esquinas con libreta en mano.

Reducir la velocidad puede ser una medida correcta, pero si no se acompaña de transparencia, señalización, educación y empatía, terminará siendo percibida como una cacería del ciudadano, una trampa disfrazada de política pública.

Durango necesita un modelo de movilidad humana, integral y transparente, donde las reglas sean claras y las autoridades ejemplares. Solo así podremos avanzar hacia una ciudad donde las leyes se cumplan no por miedo a la multa, sino por respeto a la vida.

@AntonioBrachoM