Verificación vehicular en Durango: ¿arma contra la contaminación o impuesto encubierto?
Durango podría sumarse pronto a las entidades que aplican la verificación vehicular obligatoria, una medida que, según el gobierno municipal, busca reducir las emisiones contaminantes. Sin embargo, la pregunta que se hacen muchos automovilistas es inevitable: ¿funciona realmente o es una nueva forma de recaudar dinero?
La iniciativa surge en un momento en que la contaminación del aire en México vuelve a colocarse entre los principales riesgos ambientales. En estados como la Ciudad de México, Puebla o Jalisco, la verificación es ya parte de la rutina, pero sus resultados han sido diversos y, en ocasiones, polémicos.
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¿Qué es y cómo funciona la verificación vehicular?
El programa consiste en revisar los niveles de emisiones que produce un vehículo para determinar si cumple con las normas ambientales. Si no pasa la prueba, el conductor debe realizar mantenimiento o reparaciones antes de obtener su holograma y poder circular sin sanciones.
En teoría, la medida busca mejorar la calidad del aire al detectar los automóviles más contaminantes. Pero en la práctica, los resultados dependen de qué tan rigurosos sean los centros de verificación y de sí las autoridades realmente supervisan los procesos.
Los argumentos a favor
De acuerdo con estudios del Instituto Internacional de Transporte Limpio (ICCT), un programa bien ejecutado puede reducir hasta 50% las emisiones de CO, NOx y partículas de los vehículos más contaminantes.
En la Zona Metropolitana del Valle de México, por ejemplo, se logró disminuir la concentración de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno durante los primeros años de aplicación del programa.
Además, la verificación ha servido para detectar vehículos en mal estado, fomentar el mantenimiento preventivo y generar bases de datos sobre la flota automotriz, útiles para diseñar políticas públicas más precisas.
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Las críticas y el lado recaudatorio
No obstante, expertos y ciudadanos coinciden en que la verificación no siempre cumple su propósito ambiental. El programa puede volverse más un trámite costoso que una política efectiva cuando hay corrupción, baja supervisión o intereses económicos detrás de los verificentros.
La WWF México advirtió que el modelo actual es “insuficiente para garantizar una calidad del aire saludable”, mientras que el Centro Mario Molina ha señalado que sin auditorías y sin un plan integral de movilidad, los beneficios se diluyen.
Otro punto de crítica: los vehículos que más contaminan —como camiones viejos o unidades del transporte público— suelen escapar al control del programa, mientras los particulares asumen el costo.
¿Cuánto se recauda y quién gana?
En estados donde la verificación ya es obligatoria, las tarifas por prueba oscilan entre 300 y 600 pesos. Si se aplicara en Durango, con más de 400 mil vehículos registrados, el ingreso potencial sería de más de 120 millones de pesos al año.
El debate es si ese dinero se destinaría realmente a programas ambientales o terminaría en la caja general del gobierno.
En Durango, el reto apenas comienza
El reto para Durango no está sólo en implementarla, sino en garantizar que tenga sentido ambiental. De lo contrario, el programa podría convertirse en un nuevo golpe al bolsillo sin un impacto real en la calidad del aire.