2027: ¿Preparados? No
Mientras en México el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 ya dejaba entrever recursos insuficientes y sin impacto directo para la adaptación al cambio climático y la transición energética, el mundo tampoco está preparado para adaptarse a las condiciones climáticas actuales, y mucho menos para afrontar las consecuencias de un aumento de 1.5° C. La ONU afirma que los países ricos apenas financian una décima parte de tales necesidades. Urge un presupuesto más eficaz y equilibrado, sí, pero también la activación de la sociedad ante el desastre ambiental.
El debate y la votación del Presupuesto 2027 se llevará a cabo en el pleno de la Cámara de Diputados del lunes 9 al miércoles 11 de noviembre.
En México, la reducción de este presupuesto afecta la capacidad del país para responder ante la creciente intensidad y frecuencia de los eventos meteorológicos extremos que dañan al territorio nacional y la urgencia de fortalecer la resiliencia socioambiental.
Un análisis del Observatorio de Crisis Climática y Presupuesto Público en México detectó que en el Proyecto de Presupuesto 2027 el Anexo Transversal 16 (AT16) registró una reducción real del 27.57% respecto a lo asignado en 2026, con un monto de 160 mil 120 millones de pesos.
El 80% de los recursos del AT16 se concentró en sólo cinco de los 51 programas presupuestarios que lo integran.
El presupuesto para la transición energética representó apenas 0.36% de los recursos de los anexos transversales y ocupó el penúltimo lugar en monto.
El programa de infraestructura ferroviaria contaría con 16 veces más recursos que el conjunto de programas para protección forestal, Areas Naturales Protegidas y atención a desastres.
Se excluyó por completo el presupuesto etiquetado con perspectiva de género e interseccionalidad dentro de la agenda climática.
Se observa con preocupación que el programa de infraestructura ferroviaria para transporte de carga y pasajeros concentra el 34% de los fondos del AT16, equivalente a 16 veces más recursos que el conjunto de programas destinados a la protección de ecosistemas forestales, Áreas Naturales Protegidas y atención a desastres naturales.
Otros programas que concentran el 80% de los recursos del Anexo 16 son Sembrando Vida con 25.29%, Infraestructura en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 8.48%, Gestión integral y sustentable del agua, 6.29%, e Infraestructura económica de hidrocarburos con 6.02%.
Otros 46 programas se reparten el 20% restante del presupuesto del AT16 destinado a atender la adaptación y mitigación del cambio climático.
En opinión del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), esto pone de manifiesto que, además de que el presupuesto resulta insuficiente, los programas con mayor asignación de dinero no necesariamente contribuyen al cumplimiento de las metas nacionales de mitigación y de adaptación asumidas por el Gobierno de México.
Para el siguiente ejercicio fiscal, el AT16 identifica los recursos presupuestarios asociados a las metas de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) que establece la reducción en el rango de 364-404 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para 2035.
La disminución presupuestaria para 2027 evidencia, según CEMDA, una discrepancia entre el discurso que el Gobierno de México lleva a espacios internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde ha presentado metas más ambiciosas en materia de mitigación y adaptación, y el esfuerzo presupuestal realmente destinado a garantizar el cumplimiento efectivo de dichas metas, que en la práctica sigue impulsando un modelo energético basado en los combustibles fósiles que profundiza la crisis climática.
Es marginal también el aumento en presupuesto para la transición energética.
El Proyecto de Presupuesto 2027 propuso asignar 20 mil 289 millones de pesos al Anexo Transversal 15, Estrategia Nacional de Transición Energética, lo que representa un incremento real de 9.61% respecto de 2026.
Sin embargo, este aumento resulta insuficiente frente a la magnitud de la crisis climática y a la necesidad de transformar de manera progresiva pero acelerada el sistema energético nacional.
En septiembre el Observatorio de Crisis Climática y Presupuesto Público en México hizo un llamado al Congreso de la Unión para reorientar la discusión presupuestaria bajo cinco ejes.
Garantizar la progresividad del gasto público, medición y verificación real respecto a la Contribución Determinada a Nivel Nacional, establecer metas e indicadores transversales, priorizar programas sustantivos de adaptación y transversalizar los enfoques de género y derechos humanos.
El 4 de noviembre en Nairobi, África, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) alertó que los países "desarrollados" aportaron sólo entre 28 mil 200 y 31 mil 700 millones de dólares en financiación pública internacional para la adaptación al cambio climático en 2024, mientras que los países "en desarrollo" necesitarán unos 305 mil millones de dólares anuales para 2035.
Esta brecha, advirtió, no es problema de contabilidad; determina si las comunidades pueden reforzar las zonas costeras, proteger los sistemas hídricos, rediseñar las ciudades para hacer frente al calor extremo y mantener la producción agrícola durante las sequías.
Cuando los gobiernos retrasan esas inversiones las inundaciones, los incendios y las malas cosechas llegan primero, y los países más pobres absorben pérdidas que han contribuido mucho menos a generar.
El Informe PNUMA sobre la brecha de adaptación para 2026 titulado “¿Preparados? No", revela que la financiación pública de los países "desarrollados" a los países "en desarrollo" aumentó sólo en 1 mil millones de dólares desde 2023.
Así, el mundo no está preparado -México incluso- para adaptarse a las condiciones climáticas actuales, y menos para afrontar las consecuencias de un aumento de 1.5° C.