Analizan qué ocurrió: Nuestras aguas en manos de quiénes

En un un proceso brutalmente vertical, el Ejecutivo y la Legislatura perpetuaron la salinista Ley de Aguas Nacionales ligeramente modificada y cubrieron el incumplimiento constitucional con una Ley General de Aguas vacía. Con esta afirmación comienza la académica y activista por la defensa del agua, Elena Burns Stuck, el análisis de lo ocurrido en la aprobación de la nueva legislación de aguas, una "experiencia de imposición y simulación" que deja innumerables preguntas: ¿Por qué decidieron reforzar el autoritarismo del agua, dejando a la hidrocracia en los únicos espacios de participación? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué cambió radicalmente la visión de la Presidenta en torno a la gestión del agua? ¿Cómo vamos a defender nuestra soberanía hídrica en el nuevo escenario continental?

A partir del cierre de 2025 México tiene dos leyes de aguas operando de manera simultánea: la Ley de Aguas Nacionales y una Ley General de Aguas.

El análisis "Nuestras aguas en manos de quiénes" publicado el 15 de enero, en el que participaron integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, comunidades, investigadores y ciudadanos con trece años dedicados a cimentar una Ley General de Aguas centrada en la sustentabilidad, la equidad y la participación, señala: Los que llevamos décadas buscando construir el buen gobierno del agua, nos encontramos frente a una "autoridad del agua" tan lejana, opaca y arbitraria como siempre, sumamente vulnerable a presiones por parte de los intereses. Pero ahora, frente a las amenazas de Estados Unidos, más que nunca requerimos que el gobierno se abra y se coordine con el pueblo para la defensa y el buen manejo del agua, base de la vida en cada rincón del pais.

Después de un largo analisis del Fondo de Reserva del Agua, "único cambio real en el paquete legislativo aprobado" - digno de un repaso especial-, Elena Burns describe "otras luchas que perdimos en este gran round".

Rehusaron -dice- eliminar el capítulo que promueve y fomenta la participación privada en el financiamiento, construcción y operación de la infraestructura hidráulica federal, asi como en la prestación de los servicios respectivos; un capítulo que ha resultado en costosos desastres como la presa El Zapotillo, el acueducto El Realito y la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco.

Se negaron -añade- a incorporar en la Ley General de Aguas el lenguaje de la Constitución de la Ciudad de México que prohibe la privatización de los servicios de agua y saneamiento, dejando al país vulnerable a los arreglos desfavorables e imposibles de cancelar que sufren en Puebla, Quintana Roo, Saltillo y Puerto de Veracruz, entre otros.

Se negaron a exigir que las aguas nacionales asignadas para uso público urbano respeten el derecho humano al agua y a que los recursos públicos priorizaran la eficiencia de los sistemas hidráulicos y de saneamiento para reducir la dependencia en trasvases.

En vez de nuestra propuesta de un Programa Nacional de Acciones Inmediatas, su "Estrategia Nacional" pretende cumplir con el derecho humano al agua y saneamiento en seis plazos de 10 años cada uno. 

Rechazaron la propuesta de construir Consejos Regionales y Locales ampliamente representativos para la gestion planificada de cuencas y acuíferos para incidir en los patrones de concesiones, reafirmando en su lugar las instancias controladas por los grandes concesionarios del agua. 

Rechazaron nuestras propuestas para democratizar y eliminar la corrupción en los Distritos de Riego, titulares del 33% de todo el volumen concesionado, instancias que están siendo capturadas por las fuerzas oscuras.

Rehusaron garantizar los derechos al agua de sistemas comunitarios, núcleos agrarios y pueblos indígenas.

Se negaron a incluir provisiones para que los sistemas comunitarios tuvieran acceso a la tarifa para uso público urbano (a la cual las inmobiliarias tienen acceso) en vez de tener que pagar la Tarifa Industrial, cuyo costo es 36 veces mayor (artículo 223, LFD).

En lugar de eliminar las "cuotas de garantía" esenciales para la especulación, las extendieron a seis años, a diferencia de los dos actuales; además, reconocen la "reasignación" (léase compra-venta autorizada) como derecho de los concesionarios.

Rechazaron nuestras propuestas de reemplazar "podrá" con "deberá" en la Ley de Aguas Nacionales para eliminar la discrecionalidad y obligar a la Conagua a inspeccionar, sancionar y corregir el sobreconcesionamiento y la impunidad fiscal.

Rechazaron nuestras propuestas que obligarían el uso de tecnologías de punta y la participación ciudadana para eliminar la corrupción en el cálculo de disponibilidad, asi como la ineficacia en las inspecciones.

Determinaron que el derecho humano al saneamiento solo se refiere a la remoción de excretas residuales.

Eliminaron la clausula inmediata de uso industrial al documentar descargas ilícitas durante una inspección y rehusaron incluir la contaminación del agua en su nuevo capítulo tipificando delitos contra aguas nacionales.

Al consumar este proyecto regresivo - afirma Elena Burns-, los diputados y el Ejecutivo se congratularon efusivamente por haber logrado "un nuevo marco legal del agua".

-Para los que vivimos el proceso de cerca, el jubileo nos dejó fríos.

En los Parlamentos Abiertos -dice- escuchamos testimonios indigenas y rurales que siguen sufriendo la corrupción y el mal trato por parte de la Conagua.

-Nos fue imposible creer que "ahora van a poner orden en las concesiones" cuando nuestros repetidos intentos de apoyar a la Conagua con información recopilada en campo y por plataformas satelitales han sido rechazados, y nuestras solicitudes de transparencia sobre los avances anunciados han sido negadas.

Tras perder la lucha por reemplazar la ley salinista con una sola Ley General de Aguas se buscaron alternativas pero "el aplastón fue absoluto".

¿Cómo vamos a defender nuestra soberanía hidrica en el nuevo escenario continental?