CNDH cuestiona dictamen de la ONU sobre desapariciones forzadas y acusa sesgo de ONGs

Después de que el Comité contra la Desaparición Forzada pidió a las Naciones Unidas considerar medidas para apoyar al gobierno de México a erradicar este delito, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuestionó el dictamen y consideró que que se basa en posturas “sesgadas” de organizaciones no gubernamentales.

El organismo, encabezado por Rosario Piedra Ibarra, señaló que el Comité llegó a conclusiones preliminares sin sustento pleno, al advertir indicios “fundados” de desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática en el país, lo que incluso podría escalar el caso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ante ello, la CNDH hizo un posicionamiento y sostuvo que el análisis del CED se apoyó principalmente en peticiones de ONG, aunque reconoció la legitimidad del dolor de los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

También manifestó su desacuerdo al considerar que no se agotaron previamente las instancias nacionales, como lo establece la convención internacional en la materia, y criticó que se diera mayor peso a opiniones como las del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha cuestionado la efectividad de las políticas públicas recientes en el tema.

Asimismo, la CNDH acusó inconsistencias en el dictamen al señalar que, por un lado, el Comité reconoce que la estrategia de seguridad durante la llamada guerra contra el narcotráfico (impulsada en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa) derivó en violaciones graves a derechos humanos, pero por otro descarta que exista evidencia suficiente de una política intencional de desapariciones forzadas.

Para la Comisión, esta postura minimiza el impacto de dicha estrategia en el incremento de desapariciones y, al mismo tiempo, ignora avances recientes. Afirmó que, a diferencia de periodos como la llamada “Guerra Sucia” y el combate al narcotráfico entre 2006 y 2012, las desapariciones forzadas atribuibles a autoridades federales han disminuido de manera sostenida desde 2018.

También señaló que el CED no considera adecuadamente la evolución temporal y regional del fenómeno, al calificarlo como “generalizado”, pese a que, según sus datos, se concentra en determinados períodos y regiones del país.

La CNDH fue tajante y defendió su labor al asegurar que ha documentado casos históricos, emitido recomendaciones y advertido sobre fallas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, además de insistir en el fortalecimiento de las instituciones de búsqueda y procuración de justicia.

Finalmente, rechazó lo que calificó como una “politización” del dictamen por parte de algunas ONG, a las que acusó de lucrar con la causa de las víctimas, aunque reiteró que mantendrá el diálogo con instancias internacionales para garantizar el derecho a la verdad y la justicia.