Crece la resistencia al fracking en el país
Desde el anuncio de la presidenta Sheinbaum de abrir la puerta a la extracción de gas no convencional y de presentar un comité técnico-científico para evaluar el uso de fractura hidráulica también conocida como fracking, se multiplican los pronunciamientos de toxicólogos y de asambleas comunitarias que alertan sobre riesgos ambientales y territoriales en las regiones de la Huasteca Potosina, Veracruz y Noreste del país -zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas-, susceptibles de primera afectación. Más de 90 organizaciones de estos tres estados rechazan que el gobierno federal proponga expandir el fracking en la denominada Cuenca de Burgos que abarca una superficie de aproximadamente 50,000 a 73,500 kilómetros cuadrados y se extiende costa afuera hacia la plataforma continental del Golfo de México. Este es un llamado también a los gobernadores Manolo Jiménez, Américo Villarreal y Samuel García -dijeron. El programa de próximas acciones de resistencia prevé el foro titulado “El fracking sustentable no existe” para el 20 de mayo en la Universidad Autónoma Chapingo y una asamblea regional masiva en la Huasteca para el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.
El fracking es la técnica que extrae gas y petróleo de formaciones de lutitas mediante la inyección de agua, arena y químicos para fracturar la roca.
Entre los impactos ambientales que deja se encuentra el agotamiento del agua, toda vez que un sólo pozo puede usar entre 8 y 80 millones de litros de agua y hasta 160 millones en casos extremos.
Provoca además erosión y degradación del suelo, en vista de más escurrimientos y sedimentos que deterioran suelos y ecosistemas.
Genera también afectación a ecosistemas y biodiversidad, fragmentación de hábitats, muerte de fauna y pérdida de servicios ambientales.
El “fracking sustentable” es una falacia porque los rendimientos son muy bajos -sólo del 5% al 10% de lo que producían los yacimientos convencionales-; la producción cae aceleradamente; se requieren de cientos a miles de nuevos pozos cada año y los daños ambientales y a la salud son irreversibles y acumulativos.
Entre los riesgos para la salud se cuentan más de mil sustancias químicas que incluyen cancerígenos, neurotóxicos y disruptores endocrinos.
Tiene efectos en la salud reproductiva: abortos, malformaciones, partos prematuros y alteraciones hormonales.
Enfermedades crónicas además, como aumento de cáncer, enfermedades respiratorias y daños neurológicos.
Los impactos sociales y culturales incluyen la amenaza a pueblos originarios -pérdida de territorios, lugares sagrados, cultura e identidad-.
La Ingeniería de Conflictos que se aplica provoca división comunitaria, engaños, amenazas y cooptación para obtener consentimiento.
Sin consulta previa ni consentimiento, los proyectos se impulsan dentro de territorios indígenas sin cumplir derechos colectivos.
Más de 90 organizaciones de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León declararon el 9 de mayo: El Noreste de México no quiere fracking.
En una región marcada por la crisis hídrica, los gobernadores Manolo Jiménez, Américo Villarreal y Samuel García deben cerrarle la puerta a una práctica que usa y contamina millones de litros de agua por pozo, remarcaron.
El fracking no traería desarrollo ni soberanía -dijeron-: destruye economías locales, genera pocos y precarios empleos temporales, concentra las ganancias en empresas extranjeras y deja en las comunidades los costos ambientales y sociales.
“Frente a la desinformación que se ha instalado en las últimas semanas, decimos con claridad que el fracking es una amenaza directa para el agua, el aire, el suelo y la salud pública en el Noreste de México”.
Lo que está empujando al gobierno federal a recurrir al fracking, pese a sus promesas de prohibirlo, no es el bienestar de las comunidades: es la creciente demanda de gas de un modelo industrial cada vez más voraz -señalaron.
El gas extraído mediante fracking serviría para sostener y expandir a las grandes industrias que ya han sacrificado poblaciones enteras en el Noreste, en ciudades como Monclova, Monterrey y Reynosa.
En tales ciudades el deterioro de salud, del agua y del aire se ha tratado como un costo aceptable del “desarrollo”.
Mientras las ganancias se concentran en los corredores industriales, las comunidades rurales donde se ejecutaría el fracking quedarían obligadas a cargar con sus peores consecuencias, con cada vez menos condiciones para sostener sus formas de vida.
Es falso que el fracking representa soberanía energética y desarrollo duradero para México. -Al contrario, profundizaría la dependencia del país a los combustibles fósiles y sólo podría llevarse a cabo con la intervención de empresas extranjeras que concentran la tecnología, la experiencia, la mano de obra y el financiamiento necesarios.
Tampoco es cierto que sea un gran generador de empleo. Incluso en Pennsylvania - uno de los epicentros del fracking en Estados Unidos-, esta industria representa apenas el 0.32% de los empleos del estado, aun con producciones de gas en niveles casi récord. Los trabajos que genera son pocos, cada vez más especializados y cada vez menos numerosos.
Lejos de ser un modelo, la experiencia de Texas muestra costos graves para quienes sí trabajan en esta industria: entre 2014 y 2019 murieron al menos 219 trabajadores del sector petrolero y gas en ese estado, la cifra más alta de Estados Unidos.
A ello se suma la exposición a contaminantes durante las operaciones.
Un estudio en 11 sitios de fracking en Estados Unidos encontró que casi 8 de cada 10 muestras de aire tenían niveles de sílice por encima de lo recomendado.
La sílice, presente en la arena para fracturar la roca, puede causar enfermedades pulmonares irreversibles, incluido el cáncer.
Necesario poner al centro la salud de las personas, la dignidad de las comunidades y la protección del agua, el aire y el territorio.
La convicción de la resistencia creciente es que el fracking no pasará.
@kardenche