La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para bloquear, sin orden judicial previa, cuentas bancarias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), siempre que haya indicios de "lavado" de dinero o financiamiento al terrorismo.
El proyecto de acción de Inconstitucionalidad 58/2022, bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, declara constitucional el cambio legislativo del pasado 11 de marzo de 2022 al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.
En sesión del pleno del Alto Tribunal de este lunes, el proyecto fue aprobado por mayoría; sólo los ministros Arístides Guerrero García, Giovanni Figueroa Mejía y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra.
"Es correcto inmovilizar una cuenta cuando sucedan estas operaciones sospechosas que puedan suponer el origen de un ilícito, pero estos bloqueos no pueden ser indeterminados en cuanto a la conducta, tampoco en cuanto al tiempo en que se mantendrá bloqueada una cuenta antes de ser judicializada", expresó Mossa.
Sin embargo, de acuerdo con el análisis de la togada ponente, el congelamiento de cuentas es una medida cautelar. Según el proyecto, esta acción no implica determinación de responsabilidad ni sustituye las facultades del Ministerio Público, sino que opera en un "plano preventivo", bajo parámetros de seguridad financiera y en cumplimiento de estándares internacionales.
La ministra descartó que esta atribución de la UIF vulnere la presunción de inocencia, debido a que no se resuelve sobre la culpabilidad de una persona ni se le imponen penas, sino que se establece una inmovilización patrimonial temporal, revisable y sujeta a una garantía de audiencia administrativa.