De la diplomacia al litigio: la ruta para defender a los mexicanos frente al ICE
La muerte de Lorenzo Salgado, un trabajador mexicano que perdió la vida tras recibir un disparo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, marcó un punto de inflexión en la respuesta del Gobierno de México. Con este caso ya son 17 los connacionales fallecidos durante el segundo mandato de Trump: 14 bajo custodia del ICE y 3 más durante operativos migratorios. El anuncio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de llevar estos casos ante los tribunales estadounidenses representa, probablemente, el cambio más importante en la estrategia mexicana de protección consular desde que inició esta administración.
Durante meses, la respuesta consistió en notas diplomáticas, asistencia consular y denuncias ante organismos internacionales. Todas acciones necesarias, pero insuficientes frente a una administración que ha hecho del endurecimiento migratorio uno de los ejes de su gobierno, fortaleciendo incluso al ICE con mayores recursos.
Las cifras muestran que no se trata de hechos aislados. Entre 2025 y lo que va de 2026 han muerto 53 personas en manos del ICE, la cifra más alta registrada por la agencia en los últimos 20 años.
La decisión del Gobierno de México llega tarde, pero apunta en la dirección correcta, porque traslada la defensa de los connacionales al único espacio que, en los hechos, ha logrado frenar decisiones de la administración Trump: los tribunales estadounidenses. Ahí se bloqueó la orden ejecutiva con la que el presidente pretendía eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de personas migrantes nacidos en Estados Unidos, al considerar que contraviene las protecciones constitucionales, en un litigio que llegó hasta la Corte Suprema. De igual forma, una corte federal ordenó frenar la expansión del centro de detención conocido como el "Alcatraz de los Caimanes".
En el caso de los mexicanos, además, la vía judicial resulta necesaria porque varios de los fallecimientos continúan sin esclarecerse plenamente. En distintos expedientes persisten dudas sobre las circunstancias de la muerte, la atención médica recibida o el uso de la fuerza. Las familias tienen derecho a conocer la verdad y a que exista una investigación independiente que permita identificar responsabilidades.
Pero anunciar una estrategia legal es apenas el primer paso. Litigar estos casos requerirá el consentimiento y acompañamiento de las familias, integrar expedientes sólidos, realizar peritajes independientes y destinar recursos suficientes para sostener procesos que pueden extenderse durante años. Aunque la red consular cuenta con mecanismos como el Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas mediante Asesorías Legales Externas (PALE), la magnitud de este desafío exigirá fortalecer esa capacidad mediante la contratación de despachos especializados en litigio federal y derechos civiles en Estados Unidos.
Desde Agenda Migrante señalamos hace varios meses que ésta debía ser la ruta. Frente a una política migratoria cada vez más agresiva, el litigio estratégico ofrece mayores posibilidades de generar precedentes, imponer responsabilidades y modificar prácticas institucionales.
La defensa de las personas migrantes no puede depender únicamente de la voluntad política. Debe descansar en instituciones capaces de exigir rendición de cuentas. Ahora comienza un nuevo reto: destinar recursos, coordinación y perseverancia para que las 17 muertes de mexicanos no queden impunes y se conviertan en un precedente que contribuya a proteger la vida y los derechos de otros migrantes.