Derecho de Audiencia
La presidenta de México Claudia Sheinbaum lanzó un proceso formal de consulta ciudadana. Pretende la aprobación de cambios a la Constitución Mexicana, en los artículos referentes al derecho de información, previstos en el 6, 7 y 28 y a la Ley de Radio Comunicación.
El proceso inició a finales de julio, entre medios, periodistas y conocedores del tema y cerrará de forma definitiva el 21 de agosto de 2026.
La respuesta ha sido en contrario y abrumadora, con la grave acusación de que, los citados cambios a la ley solo representan un paso previo para controlar y/o evitar que corra la información libremente. Censurar la libertad de expresión.
Le comparto algunos datos recabados: En la Constitución Mexicana, el legislador, con el artículo sexto, tuvo como propósito asegurar el libre acceso a la información, garantizar el derecho de réplica, sentando condiciones generales que aseguren la libertad de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones para publicar información y opinión.
El séptimo busca proteger la inviolabilidad de esa libertad y la no prohibición de censura previa y, muy importante, que se restrinja el derecho de expresión mediante el abuso de controles oficiales, monopolio de frecuencias radioeléctricas o insumos tecnológicos. Particularmente, este artículo siete, protegió a los mexicanos cuando Luis Echeverría intento controlar la distribución de papel con propósitos de callar a los periódicos.
El vigésimo octavo, regula la libre competencia y regulación de monopolios, declarando derecho del dominio público el uso del espectro de bandas y la protección al consumidor.
La regulación no es novedad, desde los gobiernos de la ahora oposición, se hicieron cambios y, desde el 5 de febrero del 2024, siendo presidente AMLO, se envió la propuesta original para modificar la Constitución en materia de simplificación orgánica, que incluyó la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones -IFT- y el traslado de sus funciones. Luego, como parte de un paquete, publicó leyes secundarias complementarias.
El 21 de noviembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma constitucional para desaparecer los siete órganos autónomos; el 20 de diciembre del mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de reforma constitucional a los artículos 6º, 7º y 28, justificándolas como simplificación orgánica.
El 23 de abril de 2025, el Poder Ejecutivo, ya encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, envió al Senado la iniciativa secundaria para expedir la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que entró en vigor el 17 de julio de 2025.
La propuesta de cambios, para regular el derecho de réplica y los derechos de las audiencias, se encuentra actualmente en la etapa de consulta pública Abierta, bajo la supervisión de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones -el gobierno, que se transformó en juez y parte- y cerrará de forma definitiva el 21 de agosto de 2026.
Por ahora, se menciona a los medios de comunicación existentes -radio y televisión, extensiva a todos los medios digitales- y la preocupación estriba en la posible coerción, limitando la libertad de expresión y la imposición de multas y hasta clausura como resultado que penaliza al demandado a favor del supuesto ofendido por constatar la falta de veracidad o mala intención del medio señalado. Recuerde que la autoridad juzgadora serán las dependencias del gobierno que estén vigentes.
Como dato que dimensiona la preocupación, se mencionan multas de hasta el 1% de los ingresos anuales del ofensor o clausura. Los politiqueros quedarían blindados.
La oposición basa su falta de confianza por la posibilidad de abuso del Estado, que se transformaría en el árbitro de la verdad; la pérdida de la autonomía de publicaciones y opiniones expresadas públicamente -algunos ya señalan el interés por limitar las quejas contra el propio gobierno-; la pérdida de la autonomía de los defensores de audiencias y la autocensura, ante el temor a las condenas de pagos a acusadores que ganan la razón en el proceso.
Ciertamente, los abusos en los medios digitales -mal identificados- han logrado influir en los conceptos de verdad o mentira de internautas y lectores; de hecho, son conocidas las “granjas de bots” que son financiadas por grupos políticos; algunas de ellas, utilizando alta tecnología, dedican su esfuerzo a difundir falsedades que desprestigian y denigran al atacado, afectando también emocional y socialmente a sus familiares, hasta sus ingresos.
Si la citada ley progresa, como consecuencia, todos estaremos expuestos a castigos por producir o reenviar materiales que pudieran afectar a terceros; para el caso: tratar/opinar en asuntos de controversia política.
La solución está en reglamentar el uso y aprovechamiento de Internet, pero sin reprimir la libertad del ciudadano.
La desconfianza se sostiene por las malas conductas denunciadas y la pobre respuesta de las autoridades, que se supone están para protegernos y defendernos. ¿Qué le parece?