El colapso de 2027
Hace unas semanas escribía sobre la iniciativa firmada por Sánchez Cordero, Ramírez Cuéllar y Javier Corral para cambiar la segunda etapa de la elección judicial de 2027 a junio de 2028. Lo que entonces era un planteamiento legislativo, hoy es una firme posición del INE, que acaba de entregar a la Cámara de Diputados un revelador diagnóstico técnico que sustenta, con números, la urgencia de postergar la elección de personas juzgadoras.
El documento es un riguroso ejercicio de ingeniería electoral; describe los 29 procesos logísticos que el instituto tendría que duplicar de manera simultánea. Las cifras son reveladoras: instalar 354 mil casillas, capacitar a más de 3 millones de funcionarios de mesa directiva, reclutar a cerca de 100 mil supervisores y capacitadores electorales, fiscalizar más de 55 mil candidaturas e imprimir 985 millones de boletas. Todo esto operando en paralelo con 56 calendarios de coordinación local y una compleja administración de tiempos en radio y televisión. Y es que el ciudadano, en una sola jornada, tendría que elegir 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 31 congresos locales, 30 cabildos municipales y más de 850 cargos judiciales federales, además de los del ámbito local. Hecho sin precedente en la historia electoral mexicana.
A estas alarmas se suman las incompatibilidades de fondo, ya que el informe advierte una contradicción estructural: la elección judicial prohíbe por ley la intervención de partidos políticos, lo que haría imposible aislar la propaganda y evitar que las estructuras partidistas contaminen un proceso que debiera ser ciudadano.
Las voces especializadas coinciden; incluso, el propio Tribunal Electoral ha respaldado la postergación para evitar un estrés innecesario al sistema nacional electoral y blindar la participación ciudadana; la presidenta Sheinbaum ha dejado abierta la puerta a evaluar la viabilidad del proceso.
Organizar ambos procesos el mismo día nos costaría cerca de 21 mil millones de pesos; en contraste, si se separan las elecciones, el INE calcula un ahorro de 2 mil millones de pesos. De mantenerse la concurrencia, la inviabilidad técnica obligaría a la ciudadanía a acudir a 2 casillas diferentes. Si Durango y Veracruz sirvieron en 2025 como un complejo laboratorio con boletas múltiples, trasladar este modelo a escala nacional pondría en jaque a las casillas. El Congreso tiene como límite definitivo el 3 de junio para aprobar la reforma, debido al candado del artículo 105 de la Constitución, que impide modificaciones 90 días antes del inicio del proceso electoral. De cerrarse esta ventana, el INE quedará atado de manos a organizar una elección que dicen que es materialmente inviable.
Aquí se cruzan dos lecturas. Por un lado, quienes sostienen que postergar la elección debilita la reforma judicial aprobada en 2024; por otro, quienes entendemos que la calidad democrática no se mide por la rigidez del calendario, sino por la capacidad real de garantizar un voto informado y resultados incuestionables. Sostener una elección a sabiendas de que la autoridad electoral la considera inmanejable no fortalece el espíritu de la reforma; la condena desde su origen. La ventana de oportunidad se reduce a las próximas 2 semanas. ¿Habrá altura política para privilegiar la viabilidad operativa sobre la inercia del cronograma original?
X: @omarortegasoria