El otro partido que ya empezó
Durante estas semanas, el país habla más de goles que de encuestas, más de vacaciones que de candidaturas. Pero ese silencio es apenas un paréntesis; cuando termine el Mundial y concluyan las vacaciones de verano, la conversación pública volverá a donde realmente ha permanecido desde hace meses: la elección de 2027.
Sería injusto e impreciso señalar únicamente a un partido, ya que ninguna fuerza política ha permanecido inmóvil; por ejemplo, Morena continúa organizando y fortaleciendo su estructura territorial; el PAN multiplica recorridos legislativos; el PRI reactiva sus cuadros en distintas entidades; Movimiento Ciudadano busca consolidar su presencia entre un electorado que no se siente representado. Al mismo tiempo, gobiernos estatales colocan a sus principales figuras en giras, inauguraciones e informes, mientras las redes sociales se han convertido en una campaña permanente donde la presencia constante sustituye a los llamados explícitos al voto.
Ahí aparece la verdadera pregunta: ¿puede el árbitro electoral regular una etapa política que la ley nunca imaginó? Hace algunos meses, el Consejo General del INE intentó responder esa interrogante mediante un proyecto de lineamientos para ordenar los llamados procesos políticos anticipados. Sin embargo, ninguna de las propuestas alcanzó el consenso necesario. Durante aquella discusión se recordó que estos mecanismos fueron una innovación de los propios partidos durante el proceso electoral de 2024 y que la Sala Superior del Tribunal Electoral reconoció la posibilidad de desarrollar procesos internos extraordinarios con base en el principio de autodeterminación partidista.
En aquella sesión quedaron claras 2 posturas; por un lado, quienes sostuvieron que el INE debía establecer reglas para evitar que ese vacío legal volviera a generar inequidad. Por el otro, quienes advirtieron que emitir lineamientos de esa naturaleza implicaría invadir facultades reservadas al Poder Legislativo o anticiparse a criterios que eventualmente correspondería definir al Tribunal Electoral.
La legislación electoral fue diseñada para regular precampañas y campañas, pero la política encontró una tercera etapa que simplemente no existe en la ley. No son campañas formales; tampoco son actividades partidistas ordinarias: son recorridos, asambleas, entrevistas, espectaculares, afiliaciones, encuentros con sectores, presencia permanente en redes sociales y posicionamiento territorial. Una competencia política sin nombre, pero con efectos electorales evidentes. Es justamente ahí donde cobra relevancia otro concepto desarrollado por la justicia electoral: los equivalentes funcionales. La autoridad ya no busca únicamente expresiones explícitas como "vota por mí" o "apóyame en la próxima elección". Analiza el contexto completo para determinar si una estrategia de comunicación, aun sin utilizar esas palabras, produce en los hechos el mismo efecto de una solicitud anticipada del voto.
Mientras tanto, el INE vuelve a colocar el tema sobre la mesa con una nueva propuesta que busca establecer reglas para estos procesos anticipados. No bastará con sancionar estos procesos; será necesario construir reglas capaces de distinguir entre la libertad política legítima, la actividad ordinaria de los partidos y la propaganda electoral disfrazada. Porque las campañas ya no comienzan cuando lo marca el calendario electoral: comienzan cuando los actores políticos descubren un espacio que la ley todavía no regula.
X: @omarortegasoria