En 2025, 256 autoridades de Durango fueron señaladas por violaciones a Derechos Humanos
Durante el año 2025 se registró una ligera reducción de quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con relación al año anterior.
Con base en la estadística anual, de enero a diciembre hubo 884 quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos, es decir, 21 menos en comparación con 2024 cuando fueron 905.
El mes con la mayor incidencia de quejas fue octubre cuando se contabilizaron 91 quejas, siendo la primera visitaduría, con sede en la capital del estado, la de más registros.
En total, fueron agraviadas 936 personas: 490 mujeres y 446 hombres, de todas las edades.
La Fiscalía General del Estado de Durango encabeza la estadística de frecuencia de autoridades señaladas, ya que los Agentes del Ministerio Público acumularon 91 quejas, mientras que la Policía Investigadora de Delitos tuvo 78.
En tercer lugar se ubicaron las Escuelas Secundarias de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 77 quejas.
Posteriormente, entre las autoridades más señaladas quedó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 49 quejas, la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango con 43, las Escuelas Primarias con 37, la Policía Estatal con 35, la Secretaría de Bienestar con 30 y el Centro de Reinserción Social No. 1 con 21 señalamientos.
En total, durante el año 2025, un total de 256 autoridades tuvieron por lo menos una queja en su contra por presuntas violaciones a los Derechos Humanos.
Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones fue el concepto más señalado, con un total de 161 quejas y también se hicieron denuncias por prestar indebidamente el servicio público, trato cruel, inhumano o degradante, detención arbitraria, retardar o entorpecer la función de investigación o procuración de justicia, discriminación, impedir el acceso a servicios de educación, incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o en la ejecución de este, así como para las visitas domiciliarias y omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier persona en ejercicio de su derecho.