Fermachem: el costo político de ignorar al medio ambiente
Las grandes inversiones suelen presumirse políticamente como sinónimo de progreso. Sin embargo, cuando un proyecto comienza a generar desconcierto, el desarrollo deja de medirse únicamente en millones de pesos o empleos prometidos. También empieza a evaluarse por la capacidad de las autoridades para demostrar que el beneficio económico no tendrá un costo ambiental o social.
Eso es precisamente lo que está ocurriendo con Fermachem en Lerdo. Lo que hace apenas unas semanas parecía una inconformidad impulsada por ambientalistas y algunos sectores de la sociedad civil hoy evoluciona hacia un movimiento mucho más amplio, respaldado por acciones legales, presión política y una creciente organización ciudadana.
Más de mil ciudadanos de la Comarca Lagunera presentaron un juicio de amparo para exigir que la autorización ambiental sea revisada bajo criterios estrictamente técnicos y científicos, a fin de que, antes de continuar con las obras, se demuestre que no habrá afectaciones a los acuíferos, al Cañón de Fernández ni a la salud de quienes habitan la región.
Ese detalle resulta fundamental porque el conflicto adquiere otra dimensión. La discusión dejó de ser ideológica para convertirse en un debate jurídico y ambiental. El propio amparo sostiene que existen inconsistencias en la autorización emitida por la autoridad federal y solicita suspender temporalmente las obras mientras un juez analiza el fondo de la controversia.
La reciente visita de Claudia Sheinbaum a la región terminó aportando un ingrediente adicional. Un grupo de inconformes le entregó documentos en los que expone sus argumentos sobre el posible impacto ambiental del proyecto. Más allá de que exista o no una respuesta inmediata desde Palacio Nacional, el tema ya trascendió los límites de Durango y comenzó a formar parte de la agenda del Gobierno de México.
Conforme transcurre el tiempo, el caso ha ido adquiriendo mayor relevancia política tras sumarse a la causa Movimiento Ciudadano. El coordinador nacional de ese partido, Jorge Álvarez Máynez, presentó esta semana una denuncia ante la Profepa en contra de la instalación de la planta Fermachem en Lerdo.
Aun cuando Máynez aclara que actúa como ciudadano, resulta imposible ignorar el peso político que adquiere una denuncia impulsada por el dirigente nacional de un partido. La discusión deja de concentrarse exclusivamente en el impacto ecológico para instalarse también en el terreno de las responsabilidades institucionales de quienes autorizaron este proyecto.
Paradójicamente, el mayor riesgo para las autoridades no parece ser el litigio ambiental, sino la percepción pública de opacidad. Mientras más se niegue información, más crecen las sospechas. Cuando las respuestas oficiales resultan insuficientes, la incertidumbre termina ocupando ese vacío.
Nadie discute que La Laguna necesita inversión, empleo e industria. La cuestión es demostrar que ese desarrollo puede convivir con la protección del agua, los ecosistemas y el Estado de Derecho. La verdadera prueba para las autoridades consiste en demostrar que el progreso económico no se está construyendo sobre la desconfianza ciudadana.
EN LA BALANZA.- Más allá del impacto que generó el video de unos adolescentes violentos en la colonia Juan Lira, lo verdaderamente preocupante es que la violencia comience a normalizarse entre jóvenes que deambulan armados con machetes, palos y piedras por las calles de Durango. No se trata únicamente de un problema del entorno familiar; también es una crisis de seguridad pública alimentada por un contexto en el que algunos adolescentes idealizan las conductas antisociales y delictivas, que se agrava por la indiferencia de autoridades que, en ocasiones, parecen preferir mirar hacia otro lado e ignorar el verdadero escenario.
X: @Vic_Montenegro