Hay que vigilar el proceso electoral
Aprincipios del pasado mes de septiembre dio inicio formal el actual proceso electoral. En el ámbito federal será para renovar la Cámara de Diputados, integrada por 500 legisladores. Pero en el orden estatal, de manera concurrente, es decir, el mismo 6 de junio del año próximo, se elegirán no sólo 17 gobernadores sino también miles de munícipes y cientos de diputados locales. El proceso avanza y es necesario vigilar cómo se va desarrollando.
Porque en materia electoral, las cosas ya no se ven como antes. En los últimos años, ha sido evidente un proceso de colonización creciente de los diversos órganos del INE, e igual ha sucedido en buena parte de los institutos estatales, por parte del grupo hoy en el poder. Esto ha ocasionado que la autoridad electoral haya venido perdiendo la confianza de que ya gozaba. La que se ganó en el cuarto de siglo previo. Y que hoy en buena medida ya no existe. Lo anterior ha motivado que diversos grupos ciudadanos, al margen de los partidos, porque al parecer quienes los integran no militan en éstos, han lanzado la iniciativa de organizarse (bien y eficazmente) para ejercer puntual, rigurosa vigilancia de todo el proceso electoral, empezado apenas en septiembre. Muy a tiempo para esta importantísima tarea cívica.
Tal labor, contra lo que ordinariamente se cree, no se reduce a vigilar únicamente la correcta recepción y cómputo de la votación el día de las elecciones. No, esa labor de seguimiento comprende otras etapas clave del proceso electoral. Consiste en verificar que el procedimiento establecido por la ley para la integración de las mesas directivas de casilla se cumpla según está establecido. Que su integración sea imparcial, con garantía de neutralidad.
Consiste además en comprobar que los ciudadanos seleccionados para tan importante función cívica, reciban la capacitación adecuada. Se trata de verificar que los sitios seleccionados para la instalación de las casillas sean los adecuados, a fin de que los ciudadanos tengan libre acceso a éstos y sea posible respetar la debida secrecía en la emisión del sufragio. Estriba en revisar, mediante muestreos, que el padrón definitivo (lista nominal de electores), es decir, el que se usará en las casillas, no tenga inyectados falsos votantes o excluidos quienes sí realmente lo son.
Y así otros aspectos clave del proceso, como documentar y denunciar los gastos de campaña notoriamente excesivos hechos por los candidatos; exigir que la autoridad electoral atienda y resuelva oportunamente las quejas presentadas por ciudadanos y partidos, entre otras muchas tareas de vigilancia que es necesario desarrollar.
Tales tareas cívicas, entre otras, en los tiempos que corren es obligado realizarlas, sí o sí. Los venezolanos tardaron un cuarto de siglo en caer en la cuenta de lo necesario que es llevarlas a cabo bien. Cuando lo hicieron, en las elecciones de 2024 de ese país, estuvieron en condiciones de denunciar al mundo, con pruebas, un gigantesco fraude electoral, y confirmar la contundente victoria de la oposición y la aplastante derrota de Nicolás Maduro.
Para realizar las mencionadas labores de verificación y vigilancia, la legislación electoral mexicana establece la figura del Observador Electoral. Es necesario que muchos, miles y miles de ciudadanos, se registren para ser acreditados con ese carácter.
Que por cierto, para que se vea hasta dónde pretende llegar el oficialismo, el actual Consejo General del INE, por mayoría, se negó a tomar el acuerdo de que se niegue el registro como observadores electorales a los llamados “siervos de la nación”, por ser precisamente éstos los que en los últimos procesos electorales se han encargado de amedrentar a la población, con la amenaza de que si pierde Morena se cancelarán los programas sociales.
En esta materia de vigilancia, los representantes generales y de casilla que los partidos políticos tienen derecho de nombrar y cuya actuación, importantísima, se desarrolla básicamente el día de la jornada electoral, amerita un comentario por separado.