Honduras: GIEI presentará informe con hallazgos clave en caso Berta Cáceres
En un contexto hondureño marcado por la consumación de un golpe electoral de extrema derecha en el que interviene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el lunes 12 de enero el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instalado en Honduras para investigar el feminicidio territorial de Berta Cáceres, presentará en Tegucigalpa los resultados de su investigación y develará información clave respecto a la planificación y el financiamiento del asesinato de la defensora indígena Lenca perpetrado en la madrugada del 2 al 3 de marzo de 2016 en la cuenca del sagrado Río Gualcarque, donde comunidades hicieron fuerte oposición al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca desde 2013; crimen que estremeció al mundo.
El informe del GIEI incluirá hallazgos respecto a los actores responsables del crimen, así como recomendaciones para la garantía de justicia y reparación, y representa un hito en el camino de justicia para Berta Cáceres, su familia y el pueblo Lenca al reconstruir con rigor e independencia la verdad sobre el asesinato.
El GIEI se instaló en Honduras el 14 de febrero de 2025 -el cuarto de esta naturaleza en Latinoamérica; uno fue para el caso Ayotzinapa en México- como resultado de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Honduras -durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro-, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en el marco de las medidas cautelares de protección otorgadas por la CIDH a familiares de la defensora y miembros del COPINH desde 2016.
El informe del GIEI develará hallazgos en las investigaciones de los delitos conexos tras el asesinato de Berta Cáceres, hecho que cumplirá 10 años el próximo 2 de marzo.
El GIEI presentará también un plan de reparación integral de las comunidades afectadas por este vil crimen y por la violencia perpetrada a raíz de la instalación del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, despojo y extractivismo contra quienes defienden el territorio y la vida.
El GIEI de Honduras está compuesto por 3 profesionales de alta consideración moral, imparcialidad e integridad y reconocida trayectoria en el derecho internacional de los derechos humanos.
Las personas expertas son Roxanna Altholz, de Estados Unidos, Ricardo Aníbal Guzmán Loyo, de Guatemala, y Pedro Biscay, de Argentina.
Abogada y académica experta en derecho internacional de los derechos humanos, el trabajo de Roxanna Altholz ha resultado en decisiones clave de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y en el manejo de casos relacionados con masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones en Estados Unidos, Colombia, Guatemala, República Dominicana y Ecuador.
Experto en crimen e investigación de pandillas, narcóticos, crimen organizado y asesinato, Aníbal Guzmán Loyo es abogado y notario de la Universidad de San Carlos de Guatemala con más de 25 años de experiencia en derecho penal y ciencias forenses.
Abogado especialista en criminalidad económica, con amplia trayectoria en investigación y persecución de delitos financieros, corrupción y lavado de activos, Pedro Martín Biscay ha desarrollado estrategias para combatir la criminalidad organizada, especialmente en intersección entre mercados ilícitos y sistemas financieros; ha liderado proyectos de alto impacto en Latinoamérica y el Caribe.
El de Honduras es el cuarto GIEI en Latinoamérica.
El primero investigó la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, México.
El segundo indagó hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 en el marco de la crisis sociopolítica en Nicaragua.
El tercero investigó la violencia y violación de derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 en Bolivia.
Berta Cáceres, lideresa Lenca y defensora de los pueblos, era beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH desde 2009, órgano que denunció de forma pública la situación de grave riesgo y hostigamiento en que se encontraba.
El 2 de marzo de 2016, Cáceres fue asesinada por su labor de defensa del territorio frente a la instalación del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, tras haber sido criminalizada y enfrentar durante años un continuum de violencia que nunca fue investigado.
El crimen ocurrió durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en junio de 2024 a 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico y perdonado por Trump el 1 de diciembre de 2025.
Después del asesinato de Berta Cáceres, ni su familia ni el COPINH ni las comunidades Lenca se desmovilizaron. Al contrario, continuaron luchando por la defensa territorial y la búsqueda de justicia para Berta y para los pueblos.
Esta lucha resultó en la condena de 7 personas reconocidas como autores materiales del asesinato y del gerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto David Castillo Mejía.
Sin embargo, estos juicios estuvieron plagados de graves irregularidades que afectaron los derechos de las víctimas y no se ha investigado a los autores intelectuales del crimen.
Tampoco se ha abordado el origen del riesgo que enfrentan las comunidades ante la instalación de proyectos extractivos en sus territorios; ni se han indagado a cabalidad delitos conexos al asesinato, ni avanzado en un plan de reparación integral para las víctimas.
Como parte del Acuerdo de Cooperación, el Estado de Honduras debe adoptar las recomendaciones del GIEI para fortalecer sus capacidades institucionales de investigación de crímenes contra personas defensoras de derechos humanos, en particular defensoras de la tierra y el territorio.
El nuevo mandato presidencial iniciará el 27 de enero.
Se espera que a 10 años del crimen, la investigación del GIEI reconstruya la verdad tras el asesinato de la defensora Berta Cáceres.
@kardenche