Inician asambleas en Durango sobre Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos
El pasado 7 de agosto, en Santa María de Ocotán, Mezquital, Durango, iniciaron las Asambleas Regionales de Consulta sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que se realizaron de manera simultánea también en zonas indígenas de Coahuila y Jalisco.
En esta primera asamblea, realizada en la sierra de Mezquital, se convocó a al menos 800 habitantes de los pueblos O’dam y Au’dam, Wixárika y Mexikan, así como a autoridades tradicionales y agrarias.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) contempla realizar 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo para recoger las opiniones y propuestas de los pueblos y comunidades en todo el territorio mexicano.
El director general del INPI, Adelfo Regino Montes, informó que este proceso de diálogo y consulta se realiza sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con el objetivo de que, por primera vez, se cuente con una legislación general que reconozca y garantice los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Dijo que el propósito es fortalecer y consolidar colectivamente la propuesta de iniciativa, para integrar e incorporar las aportaciones a la iniciativa que será presentada ante el Congreso de la Unión.
Regino Montes destacó que este proceso tiene como fundamento la reforma al artículo 2° constitucional, publicada el 30 de septiembre de 2024, mediante la cual se reconoció a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, así como su derecho a la libre determinación y autonomía.
La Ley General permitirá desarrollar estos mandatos constitucionales y establecer con mayor precisión su ejercicio en ámbitos fundamentales, como los sistemas de gobierno, las tierras y territorios, el patrimonio cultural y las consultas indígenas previas, libres e informadas.
Aseguró que la participación fortalece la legitimidad del proceso y contribuye a que la consulta se desarrolle con pleno respeto a la diversidad cultural del país.
Por su parte, la consejera nacional de Pueblos Indígenas, Virginia Flores Flores, señaló que se requiere hacer efectivos los derechos históricamente demandados, como el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, con capacidad para decidir, organizarse, nombrar a sus autoridades, administrar sus recursos y ejercer sus propios sistemas normativos.
Además, comentó que estas decisiones tendrán un impacto en la vida comunitaria y en el futuro de las niñas, niños y jóvenes indígenas.