La antesala de la reforma electoral
Han sido meses de mucha incertidumbre, pero sobre todo de especulaciones sobre el alcance de la inminente propuesta de reforma electoral. Después de que en el sexenio pasado no se logró concretar ninguna propuesta después del revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la actual presidenta Sheinbaum se estimaba que sería diferente, ya que la configuración de legisladores le daba una mayoría; sin embargo, como hemos visto durante las últimas semanas, no se ha podido lograr un consenso que asegure su aprobación.
Una reforma de esta magnitud, al ser constitucional, necesita por lo menos de las dos terceras partes de ambas cámaras y la mayoría de los Congresos locales; sin el respaldo del PT y del Partido Verde, es sencillamente imposible que se apruebe. Cuando se creó la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, se tenía contemplado que para finales de diciembre o principios de enero se tuviera una propuesta concreta, y en aquel entonces se daba por sentado que tendría el apoyo de las fuerzas aliadas de la Cuarta Transformación. Pero, como dicen por ahí, el diablo está en los detalles, y si la propuesta iba contra la propia supervivencia de los partidos aliados, por ejemplo, con la disminución de prerrogativas y de espacios de poder con los plurinominales, era muy complicado que, por más aliados que sean, fueran en contra de sus propios intereses. Pero también, la política es el arte de lo posible, y el ámbito legislativo es el mejor ejemplo de cómo se logran acuerdos.
Sin embargo, el tiempo no es un aliado; el nuevo proceso electoral inicia en septiembre de este año, por lo que el Congreso de la Unión tiene hasta finales de mayo de 2026 para terminar todo el proceso legislativo, garantizando así que la Presidenta tenga tiempo de publicar la reforma antes de que inicie junio y no violar la veda constitucional de los 90 días, siempre y cuando se mantenga esta regla.
Si bien es cierto que es cuestión de días conocer cuál será la propuesta presidencial de la reforma electoral; el camino está muy lejos de acabar, tiene un pronóstico reservado y no se antoja fácil como hace algunos meses. Hay más escenarios que certezas; por ejemplo, veremos legisladores de oposición apoyando con su voto (o su ausencia) la reforma electoral. Si no se logra la mayoría calificada, ¿tendremos un nuevo intento de modificar solo las leyes secundarias? Si la reforma se aprueba en el límite de tiempo, hay que tomar en cuenta que el INE tendrá que organizar una de las elecciones intermedias más grandes de la historia con reglas completamente nuevas, con muy poco tiempo de adaptación, incluso con una reingeniería administrativa que le quita áreas con las que ha venido trabajando. Un reto que pone a prueba una de las instituciones más sólidas. Al final del día, lo que está en juego en este ajedrez legislativo no es solo la austeridad presupuestal o el rediseño de un organigrama; lo que se define en estos meses es la certeza jurídica con la que llegaremos a las urnas en 2027. Si la reforma nace de un consenso forzado o de un proceso atropellado, el riesgo no será solo político, sino operativo. Cambiar las reglas del juego cuando los jugadores ya están por salir a la cancha puede ser contraproducente; o incluso ir en contra de la confianza ciudadana que ha sido tan difícil construir.
X @omarortegasoria